El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos ordenó que Rosario Robles Berlanga comparezca hoy, durante la audiencia intermedia en el proceso que se le sigue a la ex secretaria de Estado, para que “directamente manifieste si se desiste del procedimiento abreviado o el criterio de oportunidad” que había solicitado y que no ha sido del interés de la Fiscalía General de la República (FGR).
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que el administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, notificó la decisión del juez ante la solicitud que presentó la defensa de Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que ella no asistiera a la audiencia intermedia.
Por otra parte, el noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México desechó por improcedente el recurso de revisión que interpuso la FGR para revocar la suspensión definitiva que obtuvo Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, contra la negativa a cancelar su proceso por presunta falsedad en declaración relacionada con el desvío de 185 millones pesos a una universidad pública por contratos no realizados, como parte de la estafa maestra.
Implicado solicita a la Corte atraer su caso
Otro involucrado en este caso pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el amparo que promovió contra la sanción que le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata de Erick Herzain Torres Mulhia, ex director de un fondo de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), acusado de desviar más de 22 millones de pesos.
El ex funcionario combate el procedimiento de responsabilidades sancionatorias que le fincó la ASF como medida reparatoria para devolver recursos que habría desviado.
Este es el primer caso relacionado con sanciones administrativas derivadas de la estafa maestra que llega a la SCJN.
Torres Mulhia se desempeñaba como director general del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM, y en tal carácter autorizó otorgar varios contratos vinculados a la estafa maestra. Entre ellos dos a la empresa Publicidad y Mercadotecnia Infinitum, por 4 millones 934 mil pesos. Poco después, la Secretaría de Hacienda determinó que se trataba de una empresa fantasma y la ASF comprobó que el servicio nunca se realizó.
También autorizó otro contrato, por 17 millones 578 mil pesos, a la empresa Impactel, para digitalizar documentos de la SEP, operación en la que la ASF detectó el cobro de sobreprecios y el incumplimiento de los servicios pactados.
