Ciudad de México. Ante las fallas que hubo en la Recomendación 15/VG2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el caso Ayotzinapa, sería necesario que la actual dirección del organismo público haga una investigación “administrativa o penal” sobre los responsables de dicho documento.

Así lo consideró el representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, quien lamentó que la anterior gestión de la CNDH haya aceptado jugar el “triste papel” de “lavar la imagen” del gobierno de Enrique Peña Nieto al emitir una Recomendación “tendenciosa” y sin fundamentos.

Entrevistado al concluir el mítin en el que se conmemoraron los 78 meses de la desaparición de los estudiantes, el abogado consideró que “debería abrirse una investigación administrativa, penal o de la índole que sea sobre los funcionarios que hicieron una Recomendación que, lejos de dignificar a las familias, las revictimizó”.

Rosales enfatizó que “no se puede permitir que un organismo con una alta responsabilidad en derechos humanos sea tan laxa y sus recomendaciones sean tan carentes de sustento, porque no sólo es el tema legal, sino que también tiene un impacto en las víctimas: causa afectaciones, obstruye la investigación y desvía el conocimiento de la verdad en casos como el de Ayotzinapa”.

En ese mismo tono, el litigante consideró que, con la Recomendación 15/VG2018, la CNDH “jugó el triste papel de intentar lavar la imagen del Presidente (Enrique Peña Nieto), de intentar darle una salida digna”.

El abogado recalcó que “los titulares de la Comisión se prestaron a esta situación; sólo así podemos explicar que previamente teníamos dos informes importantes de ellos, y al último salen con una Recomendación sin sustento alguno en varios puntos”.

Rosales descartó que la actual presidencia de la CNDH “nos esté complaciendo”, porque en su momento los padres y madres de los 43 también le externaron sus inconformidades sobre la citada Recomendación a la gestión anterior del organismo autónomo, e incluso le pidieron una mesa de diálogo sobre el tema ates de que se emitiera el documento.

Aunque admitió que la última reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas con la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra “fue un poco ríspida, porque la Comisión había estado muy ausente (del caso Ayotzinapa), finalmente ellos adquirieron compromisos importantes”.

En ese marco, Rosales consideró que el pronunciamiento de ayer de la CNDH, donde afirma que el Ejército “ocultó” información sobre su rol en el ataque contra los normalistas, vuelve a poner al organismo público en un papel positivo sobre el caso.

“Es el primer acto en el que la CNDH se visibiliza a favor de las víctimas y es importante que esté rectificando. […] Va a ser importante ahora que ellos puedan vigilar esta nueva investigación que se está realizando, que uedan estar atentos a que instituciones herméticas, que se niegan a aportar y colaborar, lo hagan, para esclarecer este caso”.