La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “ocultó información” sobre el rol que jugaron sus elementos en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también se negó a entregársela a las autoridades, lo que significa una falta grave.

El organismo anunció también que “revisará” su recomendación 15/VG2018, relacionada con el caso Iguala, por considerar que ese documento revictimiza a los estudiantes y sus familias al vincularlos con el crimen organizado, y “no cumple con los estándares internacionales”, al no contemplar la búsqueda en vida de los jóvenes.

En un pronunciamiento, la CNDH recordó que la mencionada recomendación fue emitida el 28 de noviembre de 2018, tras una investigación que estuvo a cargo de la Oficina Especial para el Caso Iguala –entonces dirigida por José Trinidad Larrieta–, la cual fue extinguida el 29 de enero de 2020, por instrucciones de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH enfatizó que, tras realizar un “estudio minucioso” de dicho texto (elaborado durante el periodo de Luis Raúl González Pérez), concluyó que éste “no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos”.

Además de “revictimizar” a los jóvenes y sus familias, en el documento “se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes”, sin considerar las violaciones graves de derechos humanos que sufrió un gran número de estudiantes de ese plantel.

Con ello, la citada recomendación “revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, de entonces y a la fecha, tanto de la normal Raúl Isidro Burgos, como de todas las normales rurales.

En lo que se refiere a la participación del Ejército, la CNDH consideró que “los puntos recomendatorios a la Sedena no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados”.

Lo anterior, pese a que dichos soldados “tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos atribuibles a los elementos castrenses”.

La CNDH agregó: “los elementos probatorios que integran el expediente de queja ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y que no obstante esto, se les dirigieron recomendaciones poco contundentes, como las hechas a la Sedena, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero”.