La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la ­población.

Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.

Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.

La Ley Reservada del Cobre fue aprobada en la década de 1950, cuando arreciaban las movilizaciones de trabajadores y pobres de la ciudad y del campo. Durante la dictadura militar, esa ley secreta, como su nombre lo indica, fue modificada en siete oportunidades. Recién en 2016, gracias a una filtración del diario digital El Mostrador, se supo que 10 por ciento de las utilidades de la empresa estatal de cobre se traspasan directamente a las fuerzas armadas (https://bit.ly/3tNDa0S).

Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.

El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.

No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.

En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.

En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.

La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.

El militarismo se subordina a esta lógica de acumulación mediante la violencia, por la sencilla razón de que no se le pueden robar los bienes a los pueblos sin apuntarles con armas.

Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.

Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).

Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.

La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.

La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.

La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.

Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.

No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables” y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.