A tres meses del inicio de la vacunación contra el coronavirus en América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países de la región no ha transparentado su estrategia para inocular a su población, tampoco cuántos recursos ha destinado a esa labor ni cómo van a garantizar el biológico a los sectores más vulnerables.
Así lo advirtieron los participantes en un informe elaborado por Amnistía Internacional (AI), quienes resaltaron que sería válido hacer a un lado los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para permitir la producción masiva de vacunas y medicamentos contra el Covid-19.
Durante la presentación del estudio Vacunas en las Américas. Diez obligaciones de derechos humanos para asegurar salud para todas las personas, la directora de AI para el continente americano, Érika Guevara Rosas, subrayó que Latinoamérica y el Caribe concentran 27 por ciento de todas las muertes por Covid-19, y aunque el proceso de vacunación ya dio inicio, éste se ha visto opacado por la falta de claridad y transparencia de los gobiernos regionales.
Madeleine Penman, investigadora regional de AI en las Américas, señaló que entre los hallazgos más importantes del estudio se encuentra una “crisis de opacidad” en las negociaciones entre los gobiernos latinoamericanos y las empresas fabricantes de las vacunas, pues de 17 países analizados, ninguno fue capaz de entregar una copia de los contratos de adquisición de estos insumos.
De igual manera, sólo un país de la zona (Colombia) hizo un ejercicio previo de consulta sobre la forma en que aplicaría sus vacunas y ninguna de las naciones estudiadas pudo especificar qué medidas tomaría para proteger a grupos especialmente vulnerables, como pueblos indígenas o afrodescendientes.
Por su parte, Felipe Carvalho, coordinador de acceso a medicamentos en Latinoamérica de la organización Médicos Sin Fronteras, enfatizó que en circunstancias como la actual pandemia de Covid-19 es válido y necesario que los gobiernos suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas, a fin de garantizar que las vacunas y otras tecnologías esenciales se produzcan de forma masiva y lleguen a todas las personas.
