Al menos en dos ocasiones el presidente López Obrador “exhortó” públicamente a las mineras canadienses que operan en nuestro país a que cumplan con las leyes mexicanas, tanto en el plano fiscal como en el laboral, al tiempo que ha hecho “llamados respetuosos” al embajador de aquella nación, Graeme C. Clark, para que tome cartas en el asunto y “nos ayude a convencer” para que esos consorcios se comporten como debe ser.

Sobre la irrespetuosa actitud de los consorcios canadienses, y más allá del asunto fiscal (algunos de ellos se niegan a pagar impuestos), uno de los casos más sonados es el ya largo conflicto laboral en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, operada por Americas Gold and Silver (tan sólo en esa entidad cuenta con 67 concesiones que abarcan cerca de 20 mil hectáreas), una trasnacional que viola los derechos de sus trabajadores, a quienes, dicho sea de paso, mantiene dentro de un esquema de outsourcing (en nómina solo aparece el gerente general) en contubernio con “líderes” corruptos de la CTM, representada en aquella zona por el impresentable Javier Villarreal.

Dadas las precarias condiciones laborales y el nulo respeto a sus derechos, el 17 de septiembre del año pasado los trabajadores llevaron a cabo un recuento de votos (organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) para determinar la titularidad del contrato colectivo en la mina San Rafael. El triunfo fue para el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que preside Napoleón Gómez Urrutia, y el 29 de ese mismo mes esa institución recibió el laudo certificado correspondiente.

Todo en el marco de la ley, pero la minera canadiense se negó a reconocer los resultados. Tres meses después, el propio presidente López Obrador reconoció que “pensé que ya se había resuelto” el conflicto en la mina San Rafael, y encargó la solución “inmediata” a la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, quien nada corrigió, por no estar ella misma “satisfecha” con el recuento de septiembre de 2020.

Sin embargo, a pesar de la inacción de la citada funcionaria, parecía que se atendieron los “exhortos” presidenciales: el pasado martes, en Bucareli, se reunieron los representantes de Americas Gold and Silver, el embajador canadiense Graeme C. Clark, y los dirigentes del sindicato minero (el mismo que en septiembre de 2020 ganó el recuento en San Rafael y obtuvo el laudo certificado), más tres “testigos de calidad” (las titulares de Gobernación, Economía y Trabajo) para firmar los acuerdos respectivos y reiniciar actividades en la citada mina.

Pero algo falló, o alguien lo hizo fallar. Uno de los participantes en dicha reunión detalla a México SA que “cuando estábamos a punto de firmar, ante las tres secretarias, de la nada un subsecretario del Trabajo ‘encontró’ una misteriosa ‘suspensión’ del recuento de septiembre de 2020” (el mismo que la Junta de Conciliación y Arbitraje certificó como válido).

El “oportuno hallazgo” provocó que la empresa se negara a firmar “y de allí se agarró, de tal forma que todos los acuerdos quedaron en suspenso; interrumpió la posibilidad concreta de reiniciar labores en la mina”. Eso fue el martes, pero el miércoles, luego de que Olga Sánchez Cordero leyera un “mensaje”, las tres testigos de “calidad” se levantaron de la mesa, y dejaron solos a empresa y sindicato. “Parece deliberado, pactando con la empresa por afuera y desatendiendo las instrucciones presidenciales; se trata de romper el arreglo”.

Por cierto, a raíz de la milagrosa aparición de la supuesta “suspensión”, se dio un breve diálogo entre las secretarias Tatiana Clouthier y María Luisa Alcalde. De acuerdo con la fuente citada, la primera le preguntó a la titular del Trabajo: “oye, ¿no estabas enterada de esa suspensión?” y ella contesta “no”. “Pero es tu área… sí, pero (la Junta de Conciliación y Arbitraje, que preside María Eugenia Rodríguez, muy amiga de papá Alcalde) no depende de mí secretaría” (lo cual es totalmente falso).

En la reunión del pasado miércoles, la parte sindical preguntó a las tres secretarias del gabinete: “¿por qué se retiran, si ayer iban a firmar como testigos?” La respuesta oficial fue: “si la suspensión resultara efectiva, estaríamos avalando algo irregular”. Y les reviraron: “pero si aquí está la Secretaria del Trabajo”. Por eso, pudo ser la respuesta.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿una vez más, titiritero y conflicto de intereses matan instrucción presidencial?