El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de 64 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la fiscalía, dijeron reportes de prensa desde Houston, donde se le sigue juicio al político mexicano.

Parte del acuerdo es que se desestimarán otros cargos contra Yarrington, que se presentaron ante la corte federal el 22 de mayo de 2013, de acuerdo con los primeros reportes.

En la corte el exmandatario admitió haber recibido más de tres millones y medio en sobornos y haber empleado ese dinero en la compra de inmuebles en los Estados Unidos.

Yarrington admitió que aceptó el dinero de particulares y de empresas mientras gobernaba Tamaulipas (1999-2005).

Según la solución negociada al caso, el ex mandatario estatal también se comprometió a no apelar la sentencia.

A cambio, en el momento de la condena se le contarán los 377 días que pasó encarcelado desde que fue detenido en Italia hasta su extradición a Estados Unidos. La fiscalía recomendó que la jueza le dicte la sentencia más baja y se le confisque una propiedad que tiene en Puerto Isabel, Texas.

Al ex gobernador también se le acusaba de otros diez cargos, que incluían conspiración para la importación de cocaína y mariguana a Estados Unidos y fraude bancario.

También reclamado en México

Yarrington fue detenido en 2017 en Florencia, Italia, por una solicitud internacional emitida por Interpol elaborada con base en órdenes de captura giradas por jueces mexicanos y estadunidenses.

Tanto Estados Unidos como México solicitaron a Italia la entrega del ex gobernador para que fuera juzgado bajo la acusación de tener vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), con lo cual pudo adquirir bienes en ambos países.

Pero a continuación Estados Unidos y México acordaron que la justicia italiana atendiera primero la solicitud estadunidense para extraditar al detenido.

En una declaración conjunta entonces, el fiscal estadunidense Jeff Sessions, y su contraparte mexicana, Raúl Cervantes Andrade, dijeron que a la conclusión de su juicio en Estados Unidos,"Yarrington será cedido a México de manera temporal para que pueda ser presentado".

La extradición a Estados Unidos se produjo el 20 de abril de 2018. A continuación el Departamento de Justicia de ese país emitió un comunicado en el que consideró que Yarrington es “un prófugo de extrema relevancia” al estar involucrado en tráfico de estupefacientes, reciclaje, fraude bancario y otros delitos.

En el caso mexicano, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de pesos a cambio de información que llevara a la aprehensión del ex gobernador priísta.

En caso de que fuera procesado y sentenciado en México, Yarrington enfrenta pensas que van de los 20 a los 25 años de prisión, ya que una orden de aprehensión librada por el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas lo señala como probable responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.