Si es momento de discutir la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, también hay que debatir su independencia en relación con los poderes fácticos y sobre los abusos en conceder amparos que estremecerían a Otero en su tumba. Es pertinente también por la situación que se vive en Chihuahua, en el juicio contra varias personas que presuntamente recibieron sobornos del ex gobernador César Duarte, detenido para fines de extradición en Miami, Florida.
Duarte apuesta a que lleguen al poder las personas que él ilícitamente apoyó con fondos públicos para que den carpetazo a los procesos abiertos en contra suya, que involucran también a altos personajes del gobierno de Peña Nieto. Asimismo, varios ricos empresarios de Chihuahua buscan que sus privilegios y negocios se mantengan al llegar a la gubernatura alguien que les ha permitido lucrar con contratos de obras y de servicios. Las apuestas de uno y de otros coinciden en María Eugenia Campos Galván, alcaldesa con licencia del municipio de Chihuahua y candidata del PAN-PRD a la gubernatura del estado.
Pero sólo haciendo fraude puede María Eugenia Campos llegar a la elección del 6 de junio: pesan sobre ella dos acusaciones: la de cohecho y la de uso indebido de atribuciones. Dicho en los términos en que se conoce a ambas denuncias interpuestas por la Fiscalía del estado ante el Tribunal Superior de Justicia: la denuncia por la nómina secreta y la denuncia por los moches.
Campos Galván es denunciada por recibir del entonces gobernador César Duarte, 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 siendo vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local. Los recibos firmados, certificados por notario, constan en el expediente, aunque su defensa lo niegue y el notario alegue que “no se acuerda” de haberlos certificado.
Este dinero forma parte de la famosa “nómina secreta” en que estuvieron involucradas 34 personas: diputadas, diputados, líderes de varios partidos, periodistas, quienes recibieron cuantiosas cantidades a cambio de apoyar al gobierno duartista. Por este delito ya están presas 23 personas; otras ya devolvieron el dinero ilícitamente recibido. En el juicio de María Eugenia Campos figuran María Ávila Serna, ex diputada y dirigente del PVEM, y Rodrigo de la Rosa, coordinador de la fracción legislativa del PRI durante el gobierno de Duarte. En otro juicio figura César Jáuregui Moreno, secretario del ayuntamiento de Chihuahua y coordinador de los diputados del PAN en la legislatura 2013-16. Tanto él como Campos Galván y De la Rosa aprobaron la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2014, pese a que en ella constaban graves irregularidades y desvíos de recursos.
La otra acusación que pende sobre Campos es haber recibido comisiones de cinco empresas constructoras, todas relacionadas entre sí. En las licitaciones respectivas simularon competencia para ganar contratos por alrededor de 12 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Desde hace cuatro meses la fiscalía trata de iniciar el proceso para formular ambas imputaciones a Eugenia Campos. Pero hasta ahora, la defensa, encabezada por un ex procurador del estado y ex administrador del Poder Judicial ha interpuesto siete juicios de amparo para retardar el proceso, de los cuales ya se han negado dos y está en vías de negarse un tercero, aunque es muy posible que interpongan un octavo. El cuento de nunca acabar si la justicia federal no se avispa.
Además, con chicanas, la defensa ha logrado diferir ocho veces la audiencia sobre la nómina secreta y por cuatro más la audiencia de los moches. Se calcula que cada diferimiento cuesta al erario 23 mil pesos. Sin embargo, los jueces persisten en una actitud blandengue concediendo todas las demandas de la defensa.
Lo que pretende la defensa de Campos Galván es retrasar los dos juicios y llegar al inicio de la campaña electoral por un camino empedrado de amparos, sin que se la formulen las imputaciones. Estas marrullerías que son toleradas jurídicamente, son llevadas a cabo porque además la alcaldesa con licencia cuenta con la asesoría de dos ex titulares de la Procuraduría General de la República, ambos panistas: Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez.
Las relaciones políticas y sociales de la defensa y la denunciada; la tibieza, lentitud, o de plano, torpeza del Judicial, hacen que surjan muchas dudas sobre la real independencia de éste. El que ni la candidata a la gubernatura ni los partidos que la postulan den la cara a la sociedad chihuahuense y digan, sin artimañas y con toda sinceridad si recibió dinero del ahora detenido César Duarte, y el que alguien pueda llegar al gobierno del estado pendiendo sobre él tales acusaciones hacen que la sociedad chihuahuense, única y verdadera víctima, se pregunte dónde quedan la responsabilidad y la ética públicas.
Con esto parece que se actualiza al siglo XXI la antigua contradicción que Platón hacía notar entre los sofistas y Sócrates. Para aquéllos, la areté era simplemente la habilidad para hacerse del poder; para Sócrates era la virtud pública. El problema es que ahora en el ámbito del Judicial parece que quienes tienen la habilidad no practican la virtud y quienes debieran practicar la virtud no tienen la habilidad.
