Ciudad de México. La Cámara de Diputados acordó presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo del Congreso de Tamaulipas, que el 3 de marzo pasado, decidió “homologar” el proceso de desafuero contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

El proceso de demanda de controversia constitucional se aprobó con 328 votos en favor de Morena, PT, PES, MC y PVEM, 77 en contra del PAN y PRD, y 46 en abstenció del PRI, incluida la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, quien deberá interponer el recurso a nombre de la cámara.

Morena precisó que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados determinar si procede o no las solicitudes de desafuero de los funcionarios federales, incluidos los gobernadores y que el acuerdo del Congreso de Tamaulipas viola la Constitución.

En tribuna, Rubén Cayetano (Morena) expuso que las resoluciones de la Sección Instructora -instancia donde se encuentra a revisión la solicitud de desafuero contra Cabeza de Vaca- y de la Cámara son inatacables, incluso por vía de juicio de amparo.

Por esa razón, dijo, la legislatura tamaulipeca no puede constituirse en una segunda instancia o instancia revisora, en caso de que la Cámara de Diputados decida la procedencia del desafuero.

El panista Alejandro Rivera torres, en contraste, afirmó que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República contra Cabeza de Vaca y el proceso de desafuero solo busca lucrar políticamente con el tema.

“A los gobernadores los pone y los quitan los electores. Lo qué hay es una estrategia electoral para ir en contra de un gobernador electo legítimamente”, dijo.

A su vez, el PRI se pronunció por el respeto al pacto federal y porque la cámara deba velar por el respeto a la Constitución.

“El ejercicio del control constitucional no pasa por encima de los derechos humanos, del pacto federal y la concurrencia armónica de competencias ente estados y federación”, dijo la priísta Guadalupe Moreno Argüelles.

Tras la votación, Sauri Riancho explicó que junto con la controversia, se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de la votación, así como de la versión estenográfica de las intervenciones de los partidos.