La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de acuerdo de controversia constitucional contra el acuerdo del Congreso de Tamaulipas, con el que los legisladores de la entidad buscan homologar el proceso de desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En el documento –que se aprobará en la sesión ordinaria de ayer– se resalta que la legislatura de esa entidad invade atribuciones exclusivas de la Cámara en materia de juicio de procedencia.
“Ante las circunstancias señaladas, esta Junta de Coordinación Política considera relevante que la Cámara de Diputados presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional propuesta”, indica el proyecto promovido por Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente de la Sección Instructora, instancia que atiende los procedimientos de desafueros.
Antes de instruirse la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria, firmado por todos los coordinadores de las distintas bancadas, el panista Elías Lixa afirmó que el reglamento del órgano legislativo establece que será hasta 24 horas después de su publicación a los diputados cuando se podrá debatir el tema, por lo que su discusión deberá realizarse hasta después de las 16:40 horas de este jueves.
El juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca surgió de una solicitud de la Fiscalía General de la República por probable delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Como parte de la presentación de pruebas sobre el caso, el viernes pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, acusó al gobernador de la adquisición de inmuebles en México y Estados Unidos por medio de empresas ligadas a grupos delictivos.
Por su parte, el tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la capital del país, declaró sin materia el recurso de queja que interpuso el gobernador de Tamaulipas contra un juez federal que le negó la suspensión definitiva para que la Fiscalía General de la República (FGR) se abstenga de ejercer acción penal o solicitar orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El colegiado argumentó que la jueza Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal, ya se pronunció el 22 de marzo sobre la suspensión definitiva.
Con información de César Arellano García
