Un revés a la defensa estratégica de nuestra soberanía energética es el que se ha derivado del fallo –primero el provisional y luego el definitivo– del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ampara a varias empresas contra la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica. A la Secretaría de Energía no le ha quedado otra opción que la de acatarlo. Falta ver hasta dónde prosperan sus impugnaciones y lo que finalmente resuelva la Suprema Corte de Justicia.
La suspensión provisional de ese juez, y luego la definitiva, favorecen a los grandes empresarios nacionales y trasnacionales que interpusieron una andanada de amparos para mantener los contratos de privilegios extraordinarios otorgados por gobiernos anteriores contra la nación y de los usuarios domésticos, industriales y comerciales. Estos usuarios pueden quedar expuestos, en ciertas contingencias críticas, como en el reciente frente frío de febrero, a que sea el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda, el que les otorgue el servicio eléctrico y no una entidad pública que debe regirse por el interés común.
El juez Gómez Fierro respondió a la demanda empresarial sobre la autonomía que el Poder Judicial debe mantener frente a los otros poderes de la (media) Unión.
Históricamente, y ahora no fue excepción, ese poder ha respondido, en lo fundamental, al interés de los empresarios sin el menor asomo de autonomía. Una sistemática postura clasista, y por tanto facciosa, que es preciso desenmascarar.
Al decretarse que los fondos de ahorros para el retiro de los trabajadores de IMSS e Issste podían ser administrados por empresas financieras –las famosas Afore– tales ahorros quedaron sujetos a las veleidades del mercado. La nueva legislación fue cuestionada por organizaciones de los trabajadores. Unas y otros interpusieron numerosos amparos. Los juzgadores desecharon todas y cada una de las demandas de tal recurso.
Entre 1992 y 2013, los gobiernos de PRI y PAN concesionaron bajo cuerda la generación de energía eléctrica a diversas empresas, pese a que la participación de particulares estaba expresamente prohibida en la Constitución. Al cabo, la reforma de Peña legalizaría el ilícito. Ninguna autoridad se opuso a la violación constitucional.
El defraudador en gran escala, Carlos Cabal Peniche, presentado por Carlos Salinas de Gortari en el foro de Davos como un empresario modelo, logró –de sus maniobras– que un juez de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitiera una resolución en la que se establecía que los fondos depositados por él en un fideicomiso constituido en Banca Unión, antes de 1994, le debían ser devueltos; ya con intereses superaban 3 mil millones de pesos con cargo al Ipab.
Al margen del proceso judicial correspondiente, a ese juez no se le investigó. Como si la corrupción sistémica de los gobiernos de PRI y PAN hubiera dejado impolutos a los jueces. Algo en lo que aún debe profundizarse.
Las sustracciones de Cabal Peniche sirvieron para hacerse autopréstamos, financiar sus empresas y también para fondear al PRI en su campaña electoral de 1994.
Hoy vuelve a ser objeto de discusión el Fobaproa, cuyo rescate representa a la fecha, según los cálculos de López Obrador, 2 billones de pesos: cantidad que debieran pagar los beneficiados y no, como ocurre, los pequeños deudores y contribuyentes en general. ¿El Poder Judicial señaló la inconstitucionalidad del Fobaproa? Hoy mismo, ¿no debiera pensarse en la creación de un poder constitucional para evitar que el aparato judicial voltee para otro lado cuando se viola nuestra carta fundamental?
Ante la iniciativa del titular del Ejecutivo de regular la subcontratación laboral o outsourcing, como se le conoce, varias organizaciones de trabajadores acudieron al juicio de amparo para evitar que alguna resolución judicial pudiera trastocarla. Todos los amparos fueron desechados.
Es válido mencionar la carta que envió a La Jornada (21/3/21) la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla), capítulo México.
La derecha en América Latina, afirman, representa los intereses del gran capital nacional y extranjero. Esta fuerza política ha encontrado, con el apoyo de un enorme despliegue mediático, ciertos nichos jurídicos para invalidar las políticas públicas de gobiernos identificados con la izquierda y, aun, defenestrarlos. Señalan los casos de Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador. Un denso tufo que en México se ha percibido desde el inicio del gobierno de la 4T y cuyo subrayado lo hemos visto en torno al outsourcing y ahora a la Ley de la Industria Eléctrica.
Finalmente, la Sepla advierte de esa “práctica oligárquica contra la soberanía nacional” y llama a defender la que entrañan nuestros recursos estratégicos frente a la corrupción judicial. Es para escuchar este llamamiento.
