Nueva York., La vicepresidenta Kamala Harris se encargará de dirigir los esfuerzos de Estados Unidos con México y Centroamérica para controlar el flujo migratorio, tema que ha regresado al centro del debate político en Washington a pesar de que no existe una crisis en la frontera suroeste de Estados Unidos.
Expertos denuncian que republicanos antimigrantes y buena parte de los medios han promovido una narrativa empíricamente falsa que ha detonado un debate tanto dentro del país como en las relaciones con México y Centroamérica, llevando a algunos a concluir que la crisis migratoria está en Washington, no en la frontera.
Aunque el gobierno de Joe Biden ha rechazado calificar como crisis el incremento del flujo migratorio, sobre todo el de menores de edad no acompañados, republicanos –incluyendo al ex presidente Donald Trump y el actual líder de la minoría en la cámara baja, entre otros, además de varios medios nacionales– han logrado imponer esa narrativa y hasta definirla como la “crisis fronteriza Biden”.
Fue en este contexto que Biden anunció ayer que su vicepresidenta Harris (hija de migrantes) coordinará el esfuerzo estadunidense para controlar el flujo migratorio y subrayó que “esta oleada que estamos manejando empezó con el anterior gobierno, pero es nuestra responsabilidad manejarla de manera humana”.
La tarea de Harris, declaró, es supervisar los esfuerzos diplomáticos estadunidenses con México y los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) sobre asuntos migratorios y promover a la vez una estrategia de largo plazo para abordar “las causas de fondo” de este fenómeno, y “ya estamos hablando sobre ello con México; ella ya lo ha hecho”.
Harris agregó que hay múltiples factores detrás de la migración y “mientras estamos claros en que la gente no debe venir a la frontera ahora. Tenemos que abordar las causas a fondo”. Para ello, expresó, “colaboremos con México y otros países” del hemisferio, y en particular con el gobierno y organizaciones civiles en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Desde el inicio, el gobierno de Biden ha reiterado que la solución al flujo “irregular” no está en la frontera, sino que es necesario abordar los “problemas de fondo”, sobre todo en Centroamérica y México, así como con una reforma migratoria integral en Estados Unidos.
Pero durante las pasadas semanas, el gobierno de Biden perdió el control de la narrativa y a la vez no se preparó lo suficiente para impulsar el giro en la política migratoria, sobre todo en la frontera, con lo que se volvió vulnerable a la manipulación del tema por fuerzas antimigrantes y se ganó las críticas de agrupaciones defensoras de migrantes por su manejo, hasta ahora poco efectivo, de los menores de edad no acompañados.
Fue en ese contexto político que Biden se encontró a la defensiva y se despacharon delegaciones de funcionarios a la frontera suroeste y esta semana a México y Guatemala, y ayer se designó a Harris.
¿Crisis?
Pero según expertos, las dimensiones de la movilidad en la frontera hoy día son aun mucho menores al pico registrado en 2019, no son sorprendentes, y están muy por abajo (a la mitad) tanto de los flujos a mediados de 2000 como durante la presidencia de Barack Obama, en 2014, cuando sí llegaron a dimensiones de crisis.
De hecho, el incremento se inició en abril de 2020, cuando Trump ordenó expulsar a todo inmigrante interceptado en la frontera, con el pretexto de la pandemia. Hoy día se sigue expulsando de inmediato a por lo menos 72 por ciento de todos los interceptados al cruzar la frontera (las cifras cuentan el número de expulsiones y no de individuos, o sea muchos –algunos cálculos son de 30 por ciento– de los echados son la misma persona que intenta cruzar varias veces), según un análisis del American Migration Council, el cual descarta que esta coyuntura “es única o sin precedente”, al recordar las “oleadas” de 2014, 2016, 2018 y 2019.
El Southern Poverty Law Center señala que no hay ninguna evidencia de que el mensaje de la Casa Blanca influya en los flujos, ya que durante el mensaje antimigrante de Trump éstos se incrementaron dramáticamente. A la vez, Efrén Olivares, subdirector legal del proyecto de inmigración de la organización, aseveró que “la gente no huye de sus hogares porque hay un nuevo presidente... Lo hacen porque no tienen otra opción y frecuentemente porque su país de origen se ha deteriorado como resultado de décadas de políticas intervencionistas de Estados Unidos”.
La Oficina en Washington para América Latina (WOLA) ha documentado cómo los flujos empezaron a elevarse mucho antes de la llegada de Biden. Reportó que durante el gobierno de Trump se dieron los flujos más grandes de migración en la frontera Estados Unidos-México desde mediados de 2000, algo que continuó durante sus últimos meses.
WOLA asegura que como la abrumadora mayoría de los migrantes que cruzan son expulsados de inmediato, la cifra de quienes son detenidos hoy día está muy por debajo del nivel de 2019. (La mejor serie de gráficas sobre el fenómeno se encuentra en https://defenseassistance.org/files/ wola_migration_charts.pdf).
“El flujo actual no es ni una emergencia de salud pública ni una amenaza a la seguridad nacional”, concluyó el Washington Post en un editorial, indicando que los mayores riesgos del incremento “son políticos para los demócratas, obligados a defender las políticas fronterizas de este gobierno, y humanitarias para los menores no acompañados.
“No es tanto una crisis en la frontera como una crisis de migración en Washington, por la falta de voluntad política para abordar un sistema podrido”, resumió el corresponsal en la frontera del Dallas Morning News, Alfredo Corchado.
En espera
Varias de estas organizaciones y expertos critican la falta de preparación del nuevo gobierno de Biden y la ausencia de opciones más efectivas para atender el flujo en la frontera, pero aseguran que el problema inmediato es resultado de las políticas antimigrantes de Trump, que desmantelaron gran parte de la infraestructura y programas para atender a los menores y solicitantes de asilo que llegan a la frontera.
El gobierno de Biden no deja de repetir que heredó un sistema de migración en la frontera “cruel” y caótico, y que reconstruir los programas y los procesos efectivos tomará tiempo y, por lo tanto, solicita paciencia.
Desde que llegó Biden a la Casa Blanca se anunció un giro en la política migratoria, incluyendo cancelar el programa Quédate en México para decenas de miles de solicitantes de asilo que fueron obligados a esperar la respuesta del lado mexicano bajo un programa impuesto por Trump.
Al igual, se anunció que sería prioridad reunificar a las familias separadas de sus hijos por órdenes del gobierno anterior y a la vez se instruyó que, aunque se continuaría “removiendo” a todo inmigrante interceptado al cruzar la frontera, los menores de edad serían admitidos y sus casos atendidos, incluyendo reunirlos con sus familiares en Estados Unidos.
Pero por ahora los migrantes en camino, los solicitantes de asilo y los menores que huyen de sus países se encuentran relegados, una vez más, a ser piezas en un juego político en el cual no tienen voz ni voto, y esperando que sus aliados en Estados Unidos logren cambiar el tablero.