Chihuahua, Chih., María Eugenia Campos Galván, candidata del Partido Acción Nacional al gobierno de Chihuahua, ha generado costos de 300 mil pesos por diferir 12 audiencias de imputación y por constantes suspensiones provisionales para evitar un proceso penal relacionado con la nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte, acusó el Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana del estado.
Sus integrantes, abogados y militantes de Morena, acusaron al Poder Judicial de propiciar la impunidad de Campos Galván y de otorgarle privilegios, pues concedió a su defensa cotejar hoja por hoja la carpeta de investigación 2821/2020, que consta de 30 tomos, y demorar la audiencia en que la Fiscalía General del Estado busca imputar a la panista el delito de cohecho.
“Los gastos que origina la convocatoria a diligencias y su diferimiento representan otro perjuicio para los chihuahuenses, pues con ese dinero bien podría adquirirse, por ejemplo, equipo digital para presenciar las audiencias públicas fuera de las salas”, explicó el diputado local suplente de Morena Román Alcántar Alvídrez.
El Comité de Salud Pública interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por las reiteradas suspensiones provisionales que evitan someter a proceso a la alcaldesa con licencia de Chihuahua y candidata panista, informaron Román Alcántar y el abogado Oscar Castrejón.
“Lo que más lastima a los ciudadanos es la burla de la candidata a las acusaciones que pesan en su contra al omitir su asistencia a las audiencias informativas aun cuando es la inculpada.”
Castrejón explicó que son 12 audiencias las que han diferido los abogados de María Eugenia Campos, relacionadas con dos causas penales, y sólo convocar y utilizar las salas de los tribunales del Poder Judicial local implica un costo acumulado de 300 mil pesos.
Sostuvo que la autoridad judicial otorga privilegios a la alcaldesa con licencia porque permite los diferimientos sin aplicar multas a sus abogados defensores.
Ocho de los diferimientos están relacionados con el expediente de la nómina secreta de César Duarte, en la que Campos Galván aparece junto con los ex diputados locales Rodrigo se la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, quienes presuntamente habrían recibido sobornos del ex mandatario como. La candidata fue diputada en la legislatura local 2013-2016 y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal.
Los otros cuatro se relacionan con una causa penal que solicitó la Fiscalía Anticorrupción estatal contra la abanderada, en la cual se le acusa de recibir sobornos por 1.3 millones de pesos de empresas constructoras a cambio de asignar contratos cuando fue edil de la capital del estado.
