El firme propósito presidencial, para enderezar el contrahecho mercado energético se ha visto obstaculizado por diversos intereses. Los actores afectados, en lugar de intentar siquiera una incipiente negociación práctica, le dan un tramposo rodeo al proceso. Fijan sus ataques en una sola de sus vertientes: la jurídica. Y lo hacen desde dos facetas. Una alega enfrentamientos de poderes y sus dañinas consecuencias para la democracia. La otra supone aviesas intenciones del Ejecutivo para controlar todo el sistema político bajo su mando. Esta última alternativa desemboca en acusaciones de extremas consecuencias: una tiranía en ciernes.
Ambas tácticas se han desarrollado hasta la nausea sin recapacitar que toda esa construcción difusiva, aderezada con amparos en tribunales especializados, descansa sobre falsas premisas fincadas en frases sacadas de contexto. Y lo son porque AMLO no piensa someter al Poder Judicial obligando a que los jueces obedezcan sus peticiones. Pide sí, a la Judicatura, investigar la primera suspensión que un juez decidió otorgar. El Presidente está convencido de la imperiosa necesidad de asegurar que los mexicanos cuenten con una industria eficiente y soberana.
El propósito de fondo, al haber mandado al Congreso una ley preferente, lleva, también, el deseo de evitar el enorme saqueo de bienes públicos. Saqueo instrumentado a raíz de la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto. Y, en seguida, impedir la erosión de la independencia energética de la nación.
Este y no otro es el mero fondo y el asunto que debía estar en la palestra del debate. En efecto, la pasada reforma gravita, con sus complicidades, a costa del erario y el consumidor. Fue aceitada con sendos billetazos a los legisladores que la aprobaron haciéndola carente de legitimidad. Más todavía, y como directa consecuencia, se introdujeron sendos paquetes de malformaciones en todo el proceso. Fueron, en verdad, atracos fincados en contratos por demás ventajosos (leoninos) para los firmantes privados. Alianzas con cierto funcionariado público corrupto hizo factible su concreción. Las empresas, casi todas extranjeras, que intervinieron en solicitud de permisos y subastas eléctricas recibieron ventajas inaceptables, realmente ilegítimas e ilegales. Y esto desde el doble punto de vista de la sana competencia que sólo se proclama en la retórica. En lugar del tan sonado impulso al libre mercado, se indujeron prácticas desviadas que sujetaron, desde esos inicios, a las empresas públicas a una progresiva decadencia que se quería fuera terminal. Prueba de ello es la veloz pérdida de participación de mercado, tanto de Pemex (gasolinerías) como de CFE (generación y cargas) que no se radica en eficiencias especiales. Y ahí estriba, ahora, la cruda lucha por el cambio, desarrollo y justicia distributiva, como objetivo de la nueva ley aprobada y en trámite por tribunales.
Otro falso supuesto propagandístico en curso ya avanzado habla de un gobierno enemigo de las energías limpias. El gran apoyo de medios a este interesado aserto lo hace pasar, hasta cierto punto, como cierto y real. Detrás de tal engaño se agazapan intenciones de continuidad del actual estado de cosas que da ventaja a indebidos beneficiarios. Son, en efecto, espurios privilegios otorgados por pasadas administraciones a costa de los haberes colectivos. La CFE es generadora de energía limpia que sobrepasa a toda la del sector privado. Hoy, el balance energético entre la oferta pública y la privada es casi paritario. Y así se pretende mantener hasta 2024 por equilibrada y responsable política para esta industria. Es indispensable que la ciudadanía esté consciente de que, las energías intermitentes (eólica o fotovoltaica) no pueden exceder ciertos niveles en su aportación total al sistema eléctrico. Son altamente inestables e inducen alteraciones que podrían paralizarlo. Exigen, además, respaldos que resultan costosos para quienes los otorgan, en este caso la CFE, que no les pasa la cuenta.
Pero la cátedra se desentiende de este fondo del problema y opta por suponerle al Presidente agresiones al Poder Judicial. Se regocijan con cada suspensión otorgada y predicen catástrofes en el equilibrio de poderes. Los daños, supuestamente irreparables a la vida democrática son de uso corriente y repetitivo. Las alteraciones a las reglas del libre mercado, supuestamente violentadas por AMLO, se tornan argumentos falsos, aunque al exagerarlos hasta lo indecible creen hacerlos verídicos. Llenan artículos completos con sus diatribas fuera de la mínima decencia, pero aderezadas con pretenciosas frases de gran pegue difusivo. ¡horrores difusivos forzados por la pretendida continuidad del saqueo!
