Los servicios de distribución y abasto de agua, así como el drenaje no deben ser privatizados, “son un bien público indispensable para garantizar el derecho humano”, señaló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores. Sostuvo que el tema ha sido factor, no sólo de bienestar, sino también de desigualdad, conflicto e injusticia cuando no ha estado disponible para todos.
Ayer en la conferencia virtual La gestión hídrica rumbo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el contexto de la celebración del Día Mundial del Agua, agregó que el líquido es fundamental para la supervivencia humana, por lo que se deben redoblar esfuerzos para proteger las fuentes de agua dulce de la contaminación, del acaparamiento y del desperdicio.
Refirió que el gobierno busca hacer a las comunidades partícipes de la política ambiental con el propósito de que se conozca, “el valor del agua es más que su precio monetario”.
Agregó que falta mucho por hacer en información sobre asuntos hidrológicos hacia las comunidades, y se ve mucha presión de demanda en la minería. Explicó que en Oaxaca y Puebla hay localidades que enfrentan esa situación, “se debe difundir ampliamente entre las comunidades marginadas el decreto (que establece el derecho a acceder a 100 litros de agua al día por persona) y no quede sólo en un documento. Es importante que las comunidades tengan información”.
Además de la demanda del servicio por parte de distintos usuarios, como la industria y “los ecosistemas”, se enfrenta el reto con el Covid-19 que evidenció la relación estrecha entre el líquido y la salud, ya que tener agua suficiente para lavar las manos reduce enfermedades, sostuvo Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua. Manifestó que una de las prioridades es garantizar el derecho humano al agua y, para ello, cambiaron reglas de operación con el fin de atender a poblaciones de hasta 15 mil habitantes; “mucha dela falta de acceso a recursos era que se pedía a los gobiernos locales la aportación de 50 por ciento de recursos para infraestructura y ahora la Conagua aporta hasta 90 por ciento a comunidades de alta y muy alta marginación”.
Por su parte, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseveró que entre los retos que aún se enfrentan están asegurar el derecho humano al agua, sobre todo para quienes tienen rezago social, así como alcanzar un servicio de alcantarillado y saneamiento con la infraestructura que hay en el país.