La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Esta acción de desacuerdo, presentada ayer, hace referencia a las modificaciones legislativas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de diversos ilícitos.
El organismo nacional consideró que “vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia”.
En un comunicado, la CNDH informó que a partir del análisis de las reformas hechas a esas normativas pudo concluir que “distan de ajustarse al principio de excepcionalidad y están apartadas” de estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo nacional indicó que las normas impugnadas “trasgreden el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia, en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva”.
