Hoy llega a nuestro país una delegación gubernamental de alto nivel procedente de Washington con el fin de dialogar con las autoridades mexicanas sobre la definición de “un curso de acción efectivo y humanitario sobre migración”.
El grupo está integrado por Roberta Jacob-son, ex embajadora de su país en el nuestro y actual coordinadora del gobierno de Joe Biden para la frontera sur; Juan Hernández, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, enviado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte centroamericano, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Tras su estancia en México, el equipo viajará al primero de esos países.
De acuerdo con lo dicho por esos funcionarios, el propósito del viaje es abordar “las causas de raíz” de un flujo migratorio “que no empieza ni acaba en la frontera sur de Estados Unidos y buscar la adopción de una estrategia conjunta de desarrollo” en el sur de México y en las naciones del Triángulo Norte, que son los puntos de origen de la mayor parte de la migración. En tanto se logra ese objetivo, el propósito de la administración de Biden es “cambiar el sistema migratorio, intencional y cruelmente debilitado” en el cuatrienio de Donald Trump, quien “pervirtió el legado estadunidense como lugar de asilo y refugio”.
Es pertinente recordar que la idea de atajar los tránsitos masivos desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos, por medio de la promoción del desarrollo con acciones y programas promovidos por nuestro país y por Washington, ha sido sostenida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato e incluso antes.
Se trata de una propuesta radical que va mucho más allá de estrategias fronterizas, administrativas o humanitarias para regular o hacer menos insegura la migración; se trata, en cambio, de acabar con las causas que le dan origen: la pobreza, la inseguridad y la falta de perspectivas de vida en amplias regiones de nuestro país y de las naciones vecinas del sur. Como lo ha reiterado el propio titular del Ejecutivo, su objetivo es que nadie se vea obligado a dejar su lugar de residencia y a separarse de su familia y su entorno social por hambre o violencia.
Ha de apuntarse también que, al llegar a Palacio Nacional, el mandatario consiguió el respaldo verbal de Trump, pero éste no mostró, en los hechos, un compromiso real en su aplicación. Y aunque hasta ahora no se hayan registrado cambios con respecto al gobierno anterior en el duro e inhumano trato que las autoridades federales y estatales del país vecino reservan a quienes llegan a Estados Unidos en busca de trabajo o de refugio, el relevo en la Casa Blanca ha significado, por lo que puede verse, una mayor receptividad de ideas en materia migratoria, como lo prueba el discurso de los funcionarios que hoy inician su visita a México.
Cabe esperar, finalmente, que los cinco países involucrados en el fenómeno logren formular y poner en práctica estrategias de desarrollo capaces de arraigar en sus lugares de origen y residencia a cientos de miles o millones de personas, no sólo para evitarles los peligros y sufrimientos que conlleva su desplazamiento al norte, sino también para crear condiciones de vida más favorables, combatir el desempleo, dignificar las condiciones de trabajo, abatir la inseguridad y contener y erradicar la delincuencia organizada en su faceta de tráfico de personas.
