La determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de duplicar la pensión universal es correcta y bienvenida; sin embargo, no compensa el “despojo” a los trabajadores materializado por la Suprema Corte de Justicia de Nación al determinar el pago de pensiones con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que se ajusta con la inflación) y no con base en el alza de los salarios mínimos, indicó Gustavo Leal Fernández, especialista en seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El domingo pasado el mandatario anunció que la pensión universal se entregará a partir de los 65 años y no de los 68, además de que pasará de 2 mil 700 pesos bimestrales actuales a 6 mil pesos en 2024. El alza será de manera paulatina, comenzando en julio próximo con un aumento de 15 por ciento, y los tres años siguientes ésta será de 20 por ciento más la inflación.

Para Leal Fernández, el ajuste es sin duda benéfico, pero uno de sus efectos colaterales es que mantendrá una suerte de beneficio a las Administradoras de Fondos para el Retiro, que ahora dispondrán de un subsidio con recursos fiscales mucho más robusto –porque la pensión a adultos mayores formará parte de la pensión mínima garantizada– mientras ellas seguirán pagando pensiones en el sótano.

“El pronunciamiento de Guelatao (lugar donde el Presidente hizo el anuncio) no compensa las UMAS. La medida es correcta y bienvenida, pero en el desafío pensionario sólo se ocupa de pensionados, jubilados y adultos mayores, pero no atiende el universo de afectados por la Corte sobre las pensiones ganadas por años de servicio”, advirtió el también articulista de La Jornada.

La decisión de la Corte en cuanto a referenciar el pago de las pensiones con base en la UMA y no con el salario mínimo, es un fuerte impacto en el monto que reciben mensualmente los jubilados tomando en cuenta que el valor de la UMA es de 82.69 pesos, mientras el del salario mínimo es de 141 pesos debido a que desde 2018 se ha incrementado en más de 50 por ciento.

Para Leal Fernández, si el Presidente quiere atacar de fondo el problemas de las pensiones en México, debe realizar una reforma constitucional que permita que sólo las prestaciones sociales y las becas se paguen en salarios mínimos, dado que así se permitiría referenciar las pensiones al minisalario, dejando fuera otros rubros como las multas.

“Da la impresión de que al Presidente se le está pidiendo que quite la UMA, pero no, sólo que proteja las pensiones y las becas pagándolas en veces el salario mínimo”, explicó el académico.

Leal Fernández explicó que si bien el gobierno actual cuenta con los ahorros suficientes, producto del combate a la corrupción, para hacer frente al mayor gasto en pensiones, el problema será para la o el próximo presidente del país, que de entrada tendrá que asumir un costo de 370 mil millones de pesos más inflación para financiar ese beneficio a los adultos mayores de 65 años.