Ciudad de México. Un juez de control vinculó a proceso a la lideresa de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla, por los cuales podría purgar una pena de hasta 23 años, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

La dependencia giró además ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de su familia y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar las cuentas de dos personas morales y de su madre, Alejandra Sánchez Barrios.

Se trata de una investigación “desaseada”, por lo que no podrá contender por ningún cargo de elección popular –es candidata a diputada local por la alianza Va por México–, pero se analiza presentar una apelación o solicitar un amparo, informó su abogado, Francisco Castañeda.

Además, se solicitará la sustitución de la prisión preventiva justificada por una garantía económica o la firma mensual o semanal, porque “no es un peligro ni para el proceso ni para las víctimas”.

Diana, quien declaró ante el juez, “está ecuánime, es una mujer de mucho valor que ha enfrentado una vida difícil y está aquí por su lucha personal”, pero confió en obtener su libertad relativamente pronto.

Al término de la audiencia, que inició dos horas y media después de la hora programada por falta de luz y se prolongó cuatro horas y media, explicó que tienen tres días para recurrir a la apelación y 15 para ampararse contra la decisión del juzgador.

Las pruebas que presentaron con base en tres testigos, dos de los cuales son denunciantes, no acreditan los delitos que le imputan en la denuncia de hechos del primero de noviembre, cuando “estaba fuera del país, y en el otro caso, estaba en Gobernación”, dijo.

El “desaseo con el que se mueve la fiscalía nos tiene molestos porque dos testigos declaran 20 veces en la carpeta y la investigación se hace a espaldas de la familia, lo cual es injustificable en este nuevo sistema de justicia”, expuso.

En la continuación de la audiencia inicial, en las salas orales de la calle Doctor Lavista, donde no acudieron comerciantes para expresar su apoyo a Sánchez Barrios, el juez ratificó que continúe en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria tras la presentación de más de 20 datos de prueba del Ministerio Público, que llevaron a una investigación científica dentro de la Fuerza Antisecuestro.

El Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto aseguró que la fiscalía “tiene un caso muy sólido”; mientras su padre Javier y su hermana Silvia informaron que por la vía legal y manifestaciones pacíficas buscarán la libertad de Diana.