Una eventual reforma constitucional al artículo cuarto, para sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada” –concepto recomendado por organismos internacionales– llevaría a redefinir la política pública, convirtiéndose en un derecho humano y no sólo en un elemento meramente financiero.

De acuerdo con estudios de ONU-Hábitat, los problemas de funcionamiento en las ciudades mexicanas se deben a que durante los pasados 20 años, ocho de cada 10 viviendas se construyeron donde no debió haberse urbanizado; contradictoriamente, en el país hay un rezago cercano a 9 millones de viviendas, con cientos de miles abandonadas.

ONU-Hábitat estima que al menos 38.4 por ciento de la población en México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. También ha señalado que la construcción de casas-habitación tiene que estar articulada al cambio climático y al desarrollo de energías limpias.

Para Edna Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), órgano sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), esta modificación constitucional plantea un cambio de paradigma, pues se trata de un concepto que tiene el respaldo teórico de organismos internacionales especializados con indicadores muy claros para definir y medir una política pública en la materia.

En entrevista, la funcionaria detalló que se trata de siete indicadores que permitirían medir lo que es una vivienda adecuada y de calidad: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

El pasado fin de semana, la Sedatu, en coordinación con las comisiones Nacional de Vivienda y la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en conferencia con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, realizó el parlamento abierto virtual El derecho constitucional a una vivienda adecuada, en el que se analizó la pertinencia de modificar el artículo cuarto constitucional para incluir el concepto de “vivienda adecuada” y que el acceso a ella sea considerado un derecho humano. Al parecer hay consenso para la modificación.

Vega Rangel adelantó que el proyecto del Programa Nacional de Vivienda –a publicarse en las próximas semanas– parte del enfoque de entender a la vivienda como un derecho humano básico.

Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Sedatu, señaló que la aprobación del derecho constitucional a una vivienda adecuada llevaría aredefinir la política pública en la materia y permitiría atender de manera prioritaria a quienes no han tenido acceso a este, lo que implica cambiar la visión que se había tenido de la vivienda únicamente como mercancía.