Un total de 2 mil 185 personas sujetas a prisión preventiva serán las posibles participantes en el primer ejercicio para que la población carcelaria pueda hacer uso de su derecho al voto, en las próximas elecciones federales, afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas.

Durante la presentación del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, integrado por diferentes asociaciones civiles, la funcionaria explicó que este número podría ajustarse a la baja, dependiendo del número de prisioneros que quieran ejercer su voto y de cuántos estén inscritos en el padrón electoral.

El Director de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Juan José García Ochoa, explicó que el ejercicio se realizará en cinco centros penitenciarios federales, que son los ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.

La experiencia que arroje este proceso servirá para implementar un modelo factible para todos los penales federales, en las elecciones federales de 2024.

Este ejercicio obedece a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en 2018 reconoció el derecho de las personas sujetas a prisión preventiva a ejercer su voto, y ordenó al INE y otras instancias del gobierno federal hacer un primer ensayo en los comicios de 2021, y aplicar sus resultados en todos los penales federales, para 2024.

En este primer ejercicio, los reclusos únicamente podrán votar por los candidatos diputados federales, conforme al distrito electoral en el que estaban inscritos antes de ser aprehendidos.

Al respecto, Octavio Amezcua Noriega, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que su Asamblea General ya ha señalado que las personas sujetas a prisión preventiva tienen derechos políticos, e instrumentos como las Reglas Mandela, también protegen el ejercicio del voto para los privados de su libertad.

Esto, afirmó, es particularmente relevante en México, donde, a partir de que en 2019 se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el número de presos ha crecido en un 10 por ciento, y actualmente el 45 por ciento de la población carcelaria no ha sido sentenciada.