Acabar de raíz con el nepotismo que imperó por décadas en el Poder Judicial y que permitió que más de 50 por ciento de jueces y magistrados insertara en juzgados a familiares y amigos, que en la gran mayoría de las ocasiones no contaban con la preparación ni la capacidad requerida, es uno de los puntos torales de la iniciativa presidencial que se dictamina en el Senado.
La ley reglamentaria de la reforma constitucional del Poder Judicial establece una serie de nuevas figuras y disposiciones a fin de garantizar que el mérito e igualdad de oportunidades sean la premisa fundamental de acceso a los diversos cargos, a los que se sólo se podrá acceder y permanecer por rigurosos concursos de oposición.
“Es un esquema de meritocracia, en el que las personas serán elegidas por sus conocimientos, competencias y capacidades, sin criterios subjetivos de selección”. No sólo el ingreso, todas las etapas del proceso forman parte de la carrera judicial que incluirá capacitación, promoción y evaluación del desempeño.
La permanencia en el cargo estará sujeta a examen. La intención de esa reforma es que nunca más se repitan los casos de magistrados como uno de Durango, que tenía 18 familiares en el juzgado a su cargo, entre ellos hermanos, sobrinos, cuñados y demás parientes.
Según un estudio que realizó entre 2016 y 2017 el entonces consejero de la Judicatura federal, Felipe Borrego, casi la mitad de ellos tenían parientes a los que habían colocado en el Poder Judicial. En Guanajuato, un magistrado tenía a su pareja como secretaria del tribunal y a dos hijos como oficiales administrativos. Fue público que un presidente de la Suprema Corte en el sexenio pasado tenía a su hija pese a que era odontóloga.
En noviembre pasado el actual titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, informó que se cambió de adscripción a 89 jueces y magistrados que tenían familiares laborando en sus adscripciones, pero con la reforma se pretende resolver en definitiva el problema.
En la exposición de motivos se insiste en que una de las finalidades es acabar con el nepotismo y la corrupción. En el nuevo esquema se plantean los concurso de oposición para el ingreso y promoción a todas las categorías del servicio de carrera judicial que serán públicos, a fin de garantizar el escrutinio social en los procesos.
La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio”. Otro de los aspectos del proyecto es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo federal durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.
