A 30 años de su primera incursión en la arena política, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sostenido su existencia con una apuesta: su alianza con el poder político y, no en pocas ocasiones, con el poder económico. Los comicios de 2021 representarán la sexta ocasión consecutiva que participa en coalición. Y lo ha hecho sin importar que sea con la derecha, Acción Nacional (2000), o con el otrora partido hegemónico, el PRI, de 2003 a 2018. Esta vez se sumará a otra correlación para conformar una nueva coalición con el partido en el poder: Morena.
Surgido en tiempos del salinismo, el PVEM se convirtió en el partido bisagra para apuntalar las reformas fundamentales del modelo neoliberal desde su primera incursión en el Congreso, en 1997, hasta la consolidación de las reformas estructurales en el pasado sexenio. Excluido del inicio del Pacto por México, su adhesión posterior lo ubicó como parte del modelo defenestrado actualmente desde Palacio Nacional.
Con sus recientes acercamientos a Morena en el Poder Legislativo ha contribuido parcialmente a reorientar el modelo y ahora, como integrante formal de Juntos Haremos Historia, que contenderá en los comicios, asumirá la plataforma legislativa del gobierno federal.
Sin reconocimiento de los partidos verdes en el mundo por, entre otros aspectos, pronunciarse a favor de la pena de muerte, el PVEM inició su estrategia de alianzas hace 20 años, lo que le ha facilitado la supervivencia como partido con registro y obtener las prerrogativas económicas.
Tan sólo en los últimos 10 años, sin contar el factor inflacionario, ha recibido del erario alrededor de 4 mil 234 millones de pesos a nivel federal, sin incluir el financiamiento local, donde también ha privilegiado su política de alianzas a escala estatal.
Una década en la que el PVEM se ha mantenido en la polémica por sus estrategias al filo de la ilegalidad: fue copartícipe del financiamiento ilegal de la campaña de Vicente Fox en 2000 con Amigos de Fox; en 2009 fue uno de los partidos que auspició la dimisión de mujeres diputadas en favor de los suplentes varones en el episodio conocido como las Juanitas.
Además, ese año también fue responsabilizado de la adquisición de espacios en televisión, prohibido bajo el nuevo modelo de comunicación; en 2012, su alianza con estos consorcios se hizo patente con la denominada telebancada de diputados y senadores asociados a esas empresas, pues el PVEM fue uno de los principales instrumentos; en 2015, efectuó una intensa campaña en las principales cadenas de cine, en una ilegal campaña estimada en 320 millones de pesos que fue detenida por autoridades electorales; inició otra campaña ese año con los “vales de medicina”.
Algunos de sus dirigentes, Jorge Emilio González, y posteriormente Arturo Escobar, se han visto en escándalos de financiamiento. Escobar debió renunciar a la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación envuelto en polémica por una denuncia de la Fepade en su contra.
El pragmatismo ecologista le ha redituado en posiciones y recursos hasta 2018. Más allá de dimisiones en la legislatura, el PVEM logró en 2006 seis senadores y 17 diputados; en 2009 (sólo elección de diputados) 22; en 2012, el año del retorno del PRI al poder, su aliado, nueve senadores y 29 diputados; en 2015, 39 diputados, el clímax de sus coaliciones con el PRI, antes del colapso de la fórmula y la irrupción de Morena y aliados en 2018, cuando alcanzó siete senadores y 11 diputados.
En términos económicos, su alianza con el PRI desde 2012 (cuando regresó al gobierno) ha dejado al PVEM: en 2013, 322.8 millones de pesos; en 2014, 335.1; en 2015 (con gastos de campaña) 444.6; en 2016, 347.5; en 2017, 356.8; en 2018 (año electoral) 583.2; en 2019, 402.8; en 2020, 415.9, y para 2021, 547.7 millones de pesos.
