Debido a la criminalización y estigmatización del consumo del cannabis, una gran cantidad de usuarios de la planta y otras sustancias están expuestos a sufrir diversos abusos por parte de la policía, como extorsión, robo, violencia física y sicológica, indica un estudio elaborado por las organizaciones civiles ReverdeSer Colectivo y Elementa DDHH.
En el informe titulado Historias de detención por posesión simple, los colectivos recuperan las experiencias de 150 personas consumidoras –la mayoría de la capital del país y del estado de México–, quienes entre julio y agosto de 2020 respondieron una encuesta en línea sobre cómo han sido tratados por las fuerzas de seguridad al ser abordados con posesión de la yerba.
De acuerdo con el estudio, 80 por ciento de los encuestados sufrieron algún tipo de violencia por parte de la policía, con abusos como forcejeo, golpes, cortar cartucho en la cabeza, disparos con armas que se utilizan en el gotcha, toques eléctricos, rociar con gas lacrimógeno, provocar asfixia con bolsas de plástico e incluso se registraron cuatro casos de violencia sexual.
También hubo episodios de violencia sicológica como burlas, amenazas, violencia verbal, mostrar de cerca la posesión de armas largas, chantaje, apuntarles a la cabeza con un rifle y pasear a las personas detenidas en patrullas con fines de intimidación.
Luego de enfatizar que el “enfoque bélico” que se le ha dado al combate contra el uso de sustancias ilícitas es el elemento que posibilita los mencionados abusos, los autores del informe documentaron que 90 por ciento de quienes respondieron la encuesta fueron víctimas de extorsión por montos que van de 200 pesos hasta 10 mil pesos, además del robo de aparatos electrónicos como teléfonos celulares, reproductores de música y computadoras portátiles.
Por lo anterior, las organizaciones civiles dieron a conocer una serie de recomendaciones a las autoridades, entre ellas derogar el delito de posesión simple de cannabis y otras sustancias sicoactivas por ser elementos que facilitan la extorsión y otros actos de abuso de autoridad, así como fortalecer los mecanismos de denuncia de los agraviados.
Los colectivos llamaron a que las políticas de seguridad pública se concentren en los “eslabones más fuertes” de la cadena de tráfico de sustancias ilícitas y capacitar a las autoridades de seguridad pública con enfoque de derechos humanos.
