El que se aplique un control más estricto en los registros de validez oficial para las instituciones de educación superior privadas, con el fin de atender la problemática de las escuelas patito –como se pretende con la recién aprobada Ley General de Educación Superior– es adecuado pero, es tan grande el campo, que el proceso de inspección y vigilancia “es extremadamente complejo”, señaló Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes).
En el articulado de la legislación, añadió, las universidades quedan obligadas a hacer procesos de revisión, evaluación y acreditación interna, “pero la vigilancia para que se apliquen los capítulos relacionados con las sanciones o las violaciones queda en el papel. La intención parece la correcta, la ejecución, pues, vamos a ver con qué recursos cuentan hablando de un sistema tan grande y tan disperso como el que tenemos”.
Indicó que una alternativa para atender la problemática es “ir trayendo poco a poco a las muchas universidades que no estén comprometidas con la calidad, al mundo que sí lo está, aunque nos tome cinco o 10 años”.
Avance administrativo
Guerra Botello destacó que, si bien en la ley se retomaron acuerdos secretariales, permanecen algunas normas “que no operan en la vida real”, como la necesidad de tener un registro de validez oficial de estudios por cada programa o carrera, por cada campus o plantel, por cada modalidad”, lo que tiene “un factor multiplicador muy grande. A la fecha, el criterio descrito ha dado origen a casi 30 mil registros”. Es una tarea pendiente entrar a los procesos de simplificación.
No obstante, aludió que se logró “que bajo el rubro de un reconocimiento a la excelencia educativa se pudieran otorgar algunas flexibilidades y facilidades administrativas” en el manejo de los reconocimientos de validez oficial de diferentes planteles y en la actualización de esa validez, entre otros.
Por lo demás, dijo, a la educación privada “se le reconoció su contribución, su libertad para determinar sus modelos educativos, sus formas de organización y de control.
Sector productivo, ausente
El secretario general de la Fimpes destacó como un aspecto positivo el hecho de que en la ley se establezca la creación de un Sistema Nacional de la Educación Superior y uno de evaluación, así como un consejo para la coordinación de este nivel educativo determinante en el avance económico, aunque éste “tiene el defecto de no incluir al sector productivo”, más que por invitación.
