Lázaro Cárdenas, QR., Habitantes de la comunidad de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, dieron a conocer que desconocidos abrieron una calle hacia el río Kuka en una zona de preservación de manglares. Destacaron que el paraje afectado se encuentra en esta categoría, por lo cual se prohíbe abrir caminos, brechas y rellenar humedales en él.

Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecológico del Mayab (Gema), señaló en entrevista que el camino recién abierto, al que activistas y pobladores llamaron “el kilómetro de la impunidad y el destrozo de la ley ambiental”, viola el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam –que abarca los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres– y arrasó con manglares de cuatro especies.

Comentó que al parecer los constructores, cuya identidad se desconoce, pretenden rellenar humedales, lo que afectaría el hábitat de más de 30 especies protegidas por la norma oficial mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Agregó que la obra también transgrede el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, que veda “la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o provoque cambios en las características y servicios ecológicos”.

Subrayó que los trabajos igualmente contravinieron el Convenio de Ramsar, que protege los humedales de importancia internacional.

La ambientalista citó los artículos 418, 419, 420 y 420 bis del Código Penal Federal, que imponen sanciones de dos a 10 años de prisión y multas equivalentes de 300 a 3 mil unidades de medida y actualización a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Agregó que con las obras del camino se violentó “el convenio de diversidad biológica, el acuerdo de Escazú en cuanto al acceso a la justicia ambiental” e incluso el artículo 4 de la Constitución federal, que estipula el derecho humano de toda persona “a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”; asimismo, recordó que “es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno velar por la protección” de esta garantía.

Domínguez Rodríguez indicó que después de dos semanas de actividad, la obra fue detenida y los trabajadores se llevaron la maquinaria, pero causaron daños graves.

Señaló que el grupo Gema se enteró del proyecto a inicios de este mes y lo denunció ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Semarnat, pero ninguna de estas dependencias les dio respuesta.