La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 122 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionas con delitos cometidos por servidores públicos, esto entre 2019 y mediados de febrero pasado, detalló el área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un reporte de transparencia.
Entre las denuncias que involucran a servidores públicos, todas son por operaciones con recursos de procedencia ilícita y de ellas ocho se han dado en el primer mes y medio de 2021. Se solicitaron datos a la FGR respecto al estatus en que están cada una de las investigaciones, pero la entrega entró en un proceso de aplazamiento.
En febrero se dio a conocer que la FGR envió al Congreso una solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El militante del Partido Acción Nacional y su familia tienen varios inmuebles que en conjunto están valuados en 154.6 millones de pesos, algunos de ellos se presume que fueron adquiridos a través de microfinancieras ligadas al cártel de Sinaloa, explicó la UIF.
Ése es sólo un caso, pero de acuerdo con lo reportado en transparencia, el número de denuncias que la UIF formalizó en los pasados 26 meses, y en las que se involucra a servidores públicos, son cuatro veces más las que se turnaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en los 14 años previos. Entre 2004 y 2018, siete titulares tuvo la unidad y se presentaron en total 36 querellas, prácticamente 2.5 por año.
Por debajo de este rango anual, se encuentra la etapa de Luis Urrutia Corral y José Alberto Balbuena Balbuena, los cuales fueron titulares de la UIF entre 2006 y 2013, pleno auge de la guerra contra el narcotráfico que pregonó el ex presidente Felipe Calderón. En ese periodo la unidad –que analiza información para detectar posibles operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo– sólo formalizó tres denuncias ante la extinta PGR en las que se vinculó a algún servidor público.
De acuerdo con lo reportado por la UIF no hay monto de cuánto dinero vinculado con servidores públicos está bloqueado por las instituciones bancarias, lo que sí es que en el tiempo que lleva operando la unidad se han recibido 4 mil 712 reportes de operaciones inusuales de personas políticamente expuestas, es decir, de servidores públicos; y de ellos, sólo 0.04 por ciento han llegado a una investigación judicial.
Eso directamente con quienes reciben un pago del Estado, pero la red financiera a través de la cual se observan anomalías vinculadas a servidores públicos es de casi 33 mil 129 reportes, todos por operaciones inusuales de personas cercanas a éstos.
