Los principales riesgos de quebranto a las finanzas públicas están relacionados con errores y fallas en la gestión administrativa, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En tanto, 11 por ciento de las anomalías se relacionan con desvíos o inadecuada captación de recursos, así como con la subutilización de bienes o servicios adquiridos por entidades públicas.
En un análisis sobre las áreas de riesgo identificadas por los auditores que fiscalizaron la Cuenta Pública 2019, en la que se encontraron irregularidades por 99 mil millones 396 millones 584 mil pesos –que están en procesos de ser aclarados por los gobiernos federal y locales, así como por los poderes Legislativo y Judicial–, la ASF señala que más de la mitad de los las irregularidades detectadas “se relacionan con fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado”.
Este tipo de irregularidades, se puntualiza en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, representaron 63 por ciento de los problemas detectados en la fiscalización.
Otra problemática que se presentó en un grado considerable –en 26 por ciento de los casos– es el incumplimiento de metas y objetivos de los fondos, programas o políticas públicas. En tercer lugar, destaca que 6 por ciento de las irregularidades se vinculan con el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin que se acredite contar el servicio o bien correspondiente.
Como lo ha hecho desde 2016, para identificar los principales riesgos de quebranto a las finanzas del Estado, la ASF aplicó una serie de cuestionarios a los grupos de auditores que revisaron la cuenta pública 2019. En ellos señalaron que, en 46 por ciento de los casos, la causa principal relacionada con las problemáticas que observaron fue una acción inadecuada por parte de los servidores públicos.
La segunda causa principal –con 29 por ciento de incidencia– se relaciona con una omisión, es decir, la inacción de un servidor público que implicó el incumplimiento de sus responsabilidades.
La tercera causa principal de las problemáticas –16 por ciento de los registros– corresponde a que se cumplió con la normativa aplicable, pero la ejecución o implementación del programa o política pública fue deficiente.
Para disminuir estas problemáticas y causas generales de las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos públicos, los auditores recomendaron que se hagan mejoras en el control interno de las dependencias y que se fortalezcan los procesos de planeación de la administración pública.
También llamaron a mejorar las tareas de supervisión, incluyendo las labores de la auditoría interna; mejorar los procesos involucrados en la operación de los entes públicos y la planificación de los procedimientos de contratación y licitación.
