Retirar la concesión a una empresa minera canadiense si no respeta las leyes mexicanas, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es posible, ya que el gobierno federal “no tiene facultad” para ello, señaló Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

El activista explicó que “la única condición para cancelar una concesión” está vinculada con dos posibles rutas: que la misma empresa se desista de tenerla o que no pague el impuesto correspondiente sobre la superficie concesionada.

Con esta última excepción, indicó, se estima que en lo que va de la actual administración han sido canceladas entre 8 mil y 9 mil concesiones.

Mijangos Leal detalló que había “muchas concesiones que las habían solicitado durante muchos años, pero que no pagaban ese impuesto y todos los gobiernos anteriores las habían sostenido, no les hacían ningún llamado de atención”. Entonces, al presentarse esta condición, el gobierno sí “tiene la facultad de quitártelas y ponerlas a disposición” de otras empresas.

Reducción

Al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto “teníamos 32 mil concesiones a mineras. Ahorita, con este gobierno, en la última actualización que hizo, había 24 mil 450”, añadió.

El activista señaló que pretender cancelar la concesión a partir de los daños al medio ambiente “no existe en la ley, es un oropel mediático”.

Lo que sí se puede hacer, afirmó, es que a través de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ésta puede suspender la operación de la minera mientras se repara el daño, “pero no afecta la concesión, no se las quita, pero sí afecta la manifestación de impacto ambiental otorgada”.

Mijangos Leal advirtió que si se retirara la concesión “fuera de la ley, entonces evidentemente las empresas mineras entrarían en proceso de arbitraje y lo pueden hacer a escala nacional e internacional, así como en la ventana paralela que tiene que ver con los tratados comerciales”.