En sus primeros dos meses de gobierno, el presidente de Estados Unidos, JoeBiden, ha enviado diversas señales de que su administración se apartará del consenso neoliberal imperante durante los 40 años recientes. La expresión más concreta de ello se encuentra en el llamado Plan de Rescate que canalizará 1.9 billones de dólares al apoyo de la clase media trabajadora y la ampliación de servicios públicos abandonados, como salud, educación, transporte, vivienda y asistencia social a familias y niños.
Además de los pagos directos a ciudadanos, o los beneficios de desempleo, asistencia alimentaria y de pago de alquiler –comunes a otros programas implementados por sus antecesores en momentos de crisis–, el actual plan incluye el primer programa de ingreso familiar universal garantizado en la historia del país, con el cual se podría reducir a la mitad la pobreza infantil.
Más allá de este magno proyecto, con el cual se busca superar las secuelas económicas de la crisis sanitaria, el ex senador y ex vicepresidente ha tenido gestos inesperados que sugieren una nueva orientación en la política económica de la Casa Blanca. Uno de estos giros está en su postura ante el sindicalismo y la organización de los trabajadores en defensa de sus derechos: como ha resaltado nuestro corresponsal David Brooks, el endoso de Biden a un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales, y su respaldo verbal a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama, pueden verse como la expresión más prolaboral de un jefe de Estado en décadas. Además, se encuentran en preparación iniciativas de infraestructura, tributación sobre los más ricos y combate al cambio climático.
En su conjunto, estos cambios han llevado a expertos como los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman a sugerir que se encuentra en marcha el fin de la era neoliberal y la recuperación de una conciencia, identificada con el keynesianismo, acerca de la necesidad de la intervención gubernamental para salvaguardar los derechos sociales y los intereses básicos de las mayorías de los estragos del libre mercado.
Así, la afirmación de Biden de que “el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo”, parece enterrar los gritos de guerra neoliberales del republicano Ronald Reagan, quien se lanzó al desmantelamiento del Estado de bienestar proclamando en 1981 que “el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema”. Este acto de fe antisocial fue refrendado tres lustros después por el demócrata Bill Clinton con su famosa frase “la era del gran gobierno se ha acabado”.
Falta mucho recorrido a una administración que apenas se estrena, y está por verse si este giro a favor de las mayorías se mantiene una vez que la economía deje atrás los efectos de la pandemia. Con todo, es sin duda positivo que se cuestione y se tomen medidas para remplazar un modelo económico tan pernicioso que, a lo largo de ya casi medio siglo, ha fallado de manera sistemática en sus promesas de crecimiento y que, en cambio, ha sumido a Estados Unidos y al mundo en un abismo de desigualdad, estancamiento salarial, pérdida de derechos fundamentales y destrucción sin precedentes del tejido social.
Sin dejar de reconocer el mérito de un mandatario que ha tomado decisiones a contrapelo de la ideología dominante, debe recordarse que este cambio de paradigma es posible gracias a la lucha incansable de un amplio abanico de movimientos progresistas que ni en los momentos más oscuros del neoliberalismo dejaron de abogar por la creación de un sistema más justo tanto para las mayorías trabajadoras y para el planeta, como para minorías que padecen formas particulares de exclusión, entre las que se cuentan los migrantes, los afroamericanos, las mujeres, los indígenas y quienes conforman la comunidad de la diversidad sexual.
