El Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y organizaciones defensoras de migrantes hicieron un llamado para atender a las personas que están en el campamento El Chaparral, en la frontera Tijuana-San Diego, y demandaron al gobierno de México garantizar el acceso a una condición regular de estancia temporal en el país, que respete su derecho a solicitar asilo así como que les brinde seguridad.

Recordaron que desde el 18 de febrero pasado se instaló un campamento en el que permanecen aproximadamente mil 500 personas, principalmente centroamericanas, haitianas y mexicanas, en su mayoría familias, entre ellas identificamos alrededor de 300 niñas y niños, 50 bebés entre 0 y 3 años y 10 mujeres embarazadas.

Puntualizaron que la mayor parte llegó a Tijuana hace más de un año, de manera que ninguno tiene un caso activo de Protocolo de Protección Migrante (MPP por sus siglas en inglés), por lo que no califican para la fase 1, es decir, para procesar su ingreso seguro y ordenado hacia Estados Unidos.

La organizaciones y colectivos Al Otro Lado, American Friends Service Committee - Latin American and the Caribbean Region and the US-Mexico, Border Program, Espacio Migrante, Pueblo Sin Fronteras, entre otras, indicaron que el campamento ha puesto de manifiesto la desesperación de miles de familias que ante el cierre de las fronteras “no han tenido la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos y se han quedado atrapadas en un limbo sin garantías jurídicas”.

En un posicionamiento añadieron: “Hablamos de una crisis humanitaria que se vive en el país como resultado de la complicidad de los gobiernos de México y Estados Unidos en la aplicación de medidas para disuadir a las personas que buscan asilo en esa nación, contener las migraciones desde una perspectiva de seguridad, cada vez más militarizada, y orillar a las personas a mantenerse en la irregularidad”.