La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales, para acatar las disposiciones constitucionales.

Lo anterior, con la finalidad de que los acuerdos partidistas al momento de formar las coaliciones y postular candidatos no generen distorsiones en la integración de la Cámara de Diputados que favorezcan la sobrerrepresentación del partido mayoritario, como ocurrió en las elecciones de 2015 y 2018.

De acuerdo con la legislación vigente, ningún partido podrá tener espacios en las cámaras del Congreso por arriba de 8 por ciento de los votos obtenidos, lo que ha ocurrido en los últimos procesos a partir de la postulación de candidatos de un instituto mayoritario por uno con menor preferencia electoral.

Con el aval de todos los consejeros de la comisión y el respaldo de los partidos políticos que participaron en la sesión –Morena no intervino en el debate– se aprobó dicho acuerdo, que ahora deberá ser avalado por el Consejo General del INE. En el convenio, el organismo electoral establece la verificación de la militancia de cada instituto político antes del registro de candidaturas.

Señala que sin menoscabo de la libertad de militancia, la verificación se realizará con la exclusiva intención de contar con mayores elementos para la asignación de diputados de representación proporcional: “el Instituto verificará la afiliación efectiva de cada uno de las candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa”.

El INE “solicitará a la Cámara de Diputados la relación de curules por grupo parlamentario con corte al 22 de marzo”. Sin embargo, el 31 de julio efectuará una segunda revisión de la militancia de los candidatos ganadores y de las listas de representación proporcional, antes de la asignación de los legisladores, a fin de confirmar la afiliación.

En las consideraciones del acuerdo, el INE recuerda que en 2015 y 2018 los partidos se inconformaron contra las respectivas coaliciones ganadoras porque la asignación de candidaturas –que incluía postular a un militante del partido mayoritario como candidato del minoritario para no impactar en la asignación plurinominal– era una estrategia partidista para hacer fraude a la ley y contravenía disposiciones constitucionales, rompiendo los principios legales que acotan la sobrerrepresentación.