Por unanimidad, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de Mejora Regulatoria, que establecen un estándar de atención que deberán seguir los servidores públicos encargados de trámites o servicios, a fin de impedir que se conduzcan “con prepotencia o indiferencia” ante las necesidades de la población.

“Con ello, se cierra un espacio a la corrupción, a mordidas y tranzas”, porque se limita la discrecionalidad en el actuar de los funcionarios, comentó en tribuna la panista Minerva Hernández, al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Economía.

Insistió en que esa reforma, aprobada con 109 votos en favor, busca hacer más eficiente la política pública de mejora regulatoria, de forma que en la atención de sus trámites los ciudadanos reciban trato digno y adecuado de las instituciones de gobierno.

El ordenamiento contiene un capítulo sobre las obligaciones de los servidores públicos en la atención al público, “a fin de coadyuvar al mejor funcionamiento del Sistema de Mejora Regulatoria Nacional, que requiere de una participación integral de todas las instituciones en los tres ámbitos de gobierno”.

El dictamen se modificó, a fin de dejar claro que en los tres niveles de gobierno se deberán “habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como la atención cómoda y ordenada del público”.

Asimismo, plantea que en todas las oficinas se establezcan horarios que satisfagan la necesidad de los servicios, así como un sistema de turnos y que se utilicen las nuevas tecnologías para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, además de permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de éstos, destacó el panista Gustavo Madero.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos, Mayuli Martínez (PAN) comentó que un estudio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria estimó que en 2019, los trámites federales representaban un costo de 576 mil 961 millones de pesos, lo que equivale a 4.8 por ciento del producto interno bruto.