Bogotá. La Procuraduría General de Colombia desestimó y ordenó archivar una indagación disciplinaria en contra del ex comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que buscaba determinar si implementó una política que pudiera generar nuevas víctimas de “falsos positivos”, como fueron conocidas las ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el conflicto armado interno.

La autoridad abrió la investigación en mayo de 2019 tras un reporte del diario The New York Times, ese mismo mes y año, en el que señaló que el ex mando militar habría ordenado a sus soldados duplicar el número de guerrilleros y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate.

“No existe prueba que demostrara alguna conducta reprochable del hoy retirado mayor general Nicacio de Jesús Martínez”, concluyó la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de Colombia, según el auto al que tuvo acceso The Associated Press.

El documento añade que las órdenes impartidas por el militar, no estaban dirigidas a “revivir el reprochable y censurable antecedente de los llamados ‘falsos positivos'''.

La decisión de archivar el caso fue firmada el 9 de marzo pasado, sin embargo, la Procuraduría informó hasta ayer en un comunicado y en el cual sólo señaló que no existe “mérito” para continuar investigando.

Añadió que la resolución se alcanzó después de escuchar a un grupo de altos mandos que declararon a favor de Martínez y señalaron que él fue “enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar”.

En febrero de 2019, Human Rights Watch denunció que la Fiscalía abrió investigaciones por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de esa brigada en 2005. Sin embargo, Martínez Espinel aseguró en un comunicado que no tenía investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía por esos casos.

El general Nicacio Martínez fue relevado del cargo de comandante del Ejército en noviembre de 2019 alegando “motivos familiares”.

Actualmente hay otra investigación por parte de la Fiscalía por presuntas escuchas ilegales que militares hicieron a políticos, periodistas y jueces -denunciadas por la Revista Semana- y que la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial, calificó como un “ataque a la democracia”. Martínez Espinel ha negado todas las acusaciones en su contra.