Madrid. Con un largo aplauso y una parte de los integrantes del Congreso de los Diputados visiblemente emocionados, España se convirtió en el séptimo país en el mundo en tener una legislación de eutanasia o “muerte digna”, para que los enfermos terminales o crónicos tengan asistencia sanitaria hasta el final de sus días.

Esta norma responde a un largo y profundo reclamo de una parte de la sociedad, que lleva al menos tres décadas en el debate público y a la que se han opuesto los sectores más reaccionarios. Obispos católicos rechazaron la iniciativa y llamaron a la “objeción de conciencia” del personal sanitario, mientras el partido ultraderechista Vox anunció que si llega al poder, una de las primeras medidas que adoptará será su derogación.

Tres meses después de que el anteproyecto de ley se debatió y se aprobó en el Congreso de los Diputados, la nueva legislación de eutanasia salvó su último paso parlamentario. Se espera su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para este verano y que las 17 comunidades autónomas adopten la norma.

La ley sufrió algunas enmiendas en el Senado, que se aprobaron en el Congreso de los Diputados, donde tuvo 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. La mayoría de los partidos apoyaron la iniciativa, salvo las tres formaciones más alineadas a la derecha y con raigambre en el catolicismo más conservador: el Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Con esta histórica votación, España se suma a los países que regulan la llamada “muerte digna”: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia.

Un debate de 23 años

El debate irrumpió con fuerza hace más de 23 años, cuando un tetrapléjico gallego llamado Ramón Sampedro hizo pública su vida y su decisión irreversible de ayudarse él mismo a acabar con su vida ante los obstáculos que interponía la sanidad para respetar su decisión de morir dignamente.

Era un hombre brillante y culto, pero sufría la limitación total de movimientos –solo podía usar la boca–, así que decidió grabarse a sí mismo mientras ingería una bebida que alguien dejó cerca y terminó con su vida. Las imágenes iban acompañadas por una serie de reflexiones y escritos sobre el derecho a una muerte digna, a la eutanasia.

Y después de Ramón Sampedro vinieron otros enfermos terminales que hicieron algo parecido: se ayudaron de familiares o amigos para aplicarse ellos mismos la eutanasia, haciéndolo además público para que se removieran las conciencias. Fueron los casos de Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, entre otros.

El debate que provocó Sampedro fue intermitente, pero siempre ha estado presente a lo largo de los años recientes, en los que han pasado los gobiernos del derechista José María Aznar (1995-2004), del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y del conservador Mariano Rajoy (2011-2018). Y ahora con el socialista Pedro Sánchez, finalmente ha visto la luz una legislación que también responde al reclamo de varias asociaciones de víctimas y familiares enfermos terminales.

Iniciativa impulsada por el PSOE

El texto, impulsado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incorpora al ordenamiento jurídico el nuevo derecho individual a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Además, ampara la autonomía y la libertad del paciente, al estipular que “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad de la persona”.

La socialista María Luisa Carcedo, ponente de la ley y quien lleva mucho tiempo luchando por conseguir lo que considera un “logro histórico”, recordó durante su intervención a esas personas que ayudaron a mantener vivo el debate y que “decidieron contar su intimidad para lograr este nuevo derecho. Ellas y muchos familiares, que ya no pelean por los suyos porque se fueron con tristeza y con dolor, pelean por los demás, y son los verdaderos artífices de este nuevo derecho”, aseguró.

La ley prevé además que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España.

Deberá, además, pasar por varios filtros en los que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello, con plazos que sólo pueden acortarse si la muerte es “inminente”.