Todo indica que hoy se conocerá la decisión final del “impartidor de justicia” Juan Pablo Gómez Fierro en torno a si concede o no la “suspensión definitiva” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso, algo que no fue obstáculo para que el citado juez federal diera rienda suelta a su afán de proteger no los intereses de la nación, sino los de consorcios privados, mayoritariamente foráneos, dedicados a esa actividad por obra y gracia del régimen neoliberal.
Ayer se llevó a cabo la audiencia incidental en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en donde la Secretaría de Energía, en representación del Poder Ejecutivo federal, y los abogados de las empresas particulares generadoras de energía eléctrica, presentaron sus argumentos y algunas pruebas ( La Jornada, César Arellano y Gustavo Castillo), lo que no impidió que Gómez Fierro siguiera con su alocada carrera de “proteger” a los consorcios privados, mayoritariamente foráneos. Habría que analizar si para el raudo juez federal es aplicable el artículo 37 constitucional, el cual, en su apartado C, fracción V, estipula que la nacionalidad mexicana puede perderse “por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero o a un gobierno extranjero…”
En vía de mientras, en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador detalló que el consejero jurídico de la Presidencia de la República le informó que “10 días antes de que el juez (Gómez Fierro) concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo”.
Entonces, detalló el mandatario, “vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados, pero antes de que el juez resolviera sobre lo de la industria eléctrica”. La citada resolución subraya que “los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. Y le modificaron la sentencia. Pero esto lo tiene que revisar la Judicatura, sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir”.
Están desatados. Todos los consorcios nacionales y foráneos beneficiados hasta la ignominia por el régimen neoliberal se retuercen como gusanos en sartén ante la inminente pérdida de sus desproporcionados privilegios, todos ellos contrarios al interés de la nación. Se trata de empresas extranjeras (mineras, eléctricas, etcétera, y para todas hay jueces a modo que les “imparten justicia”) que crearon subsidiarias “mexicanas” para clavar el diente en los sectores privatizados por los tecnócratas, que ahora convenientemente “olvidan” su aceptación de someterse a los tribunales mexicanos.
El punto es que, como “empresas mexicanas”, están obligadas a respetar y operar bajo las leyes nacionales, por mucho que intenten llevar sus caso a tribunales internacionales. Por ejemplo, ahí está el caso de algunas mineras canadienses que se ufanan de hacer lo que se les pegue la gana, sin considerar que el gobierno federal tiene todo el derecho de revocar las concesiones generosamente entregadas en sexenios pasados. En fin, tendrán que acostumbrarse a los cambios o retirarse.
Como parte de lo mismo, ayer, en la conmemoración de la expropiación cardenista de 1938, el presidente López Obrador dio a conocer un decálogo “para rescatar la industria de hidrocarburos a partir de frenar la privatización del sector energético y terminar de limpiar la corrupción en Petróleos Mexicanos. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Todo lo que representa significa una vergüenza”.
Entonces, “el único dueño del petróleo es el pueblo de México y sus beneficios siempre serán para el pueblo de México”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte abrazo de despedida y buen viaje para el maestro Vicente Rojo.
