Un juez de control calificó de legal la detención de la lideresa de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios la noche del miércoles y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

En la audiencia inicial, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar su situación jurídica, lo cual sucederá el próximo lunes, por lo que permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha.

La mujer, precisó la dependencia, está relacionada con al menos cinco carpetas de investigación en las que se denuncia que el grupo que encabeza exigía “cobro de piso” a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos.

La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló las cuentas bancarias de la lideresa y de otras seis personas, de acuerdo con lo publicado en su cuenta de Twitter, y recordó que presentó una denuncia en 2020.

Tras detectar operaciones financieras irregulares de dos asociaciones, de las cuales ella forma parte y que habrían recibido millonarias cantidades de depósito de los afectados, acudió ante el agente del Ministerio Público el 7 de diciembre pasado.

Además, en noviembre, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto inició otra indagatoria tras recibir una denuncia de una víctima que fue afectada en un negocio ubicado en el Centro Histórico.

En febrero pasado se obtuvo la orden de aprehensión en su contra, lo cual “no obedece a consignas ni intereses políticos”, aclaró, al detallar que su modus operandi era agredir, hostigar y amenazar a agremiados y a otros.

De acuerdo con una denuncia, presuntamente exigía el pago de derecho de piso o supuestas cuotas a agremiados, riesgo de ser privados de su libertad, extorsionados y/o amenazados de muerte si se negaban a cubrir lo solicitado o retrasarse en sus pagos.

Trabajos coordinados entre la Fiscalía de Asuntos Relevantes y agentes de investigación refieren su presunta participación como coautora material en los hechos. La primera denuncia en su contra fue en 2019 por comerciantes de Ribera de San Cosme.

Sin embargo, se investigan otras prácticas que podrían derivar de la comisión de delitos como invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios, así como el uso de armas de fuego y privación de la libertad, señaló.

Dichas acciones no sólo podrían documentarse en el primer cuadro de la Ciudad de México, sino en otras colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, al reiterar que la fiscalía actúa por denuncias y realiza investigaciones apegadas a derecho y no obedece a consignas.

Sin embargo, la candidata a diputada local por la alianza Va por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, acusó que su detención era “una persecución política. Es un acto del gobierno porque no me quieren dejar participar”.

A su vez, su familia consideró que es una presa política, pues su detención fue luego de recibir el visto bueno como candidata a diputada por el distrito 9.