La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al señalar que su propósito es fortalecer la política energética del país con base en la sustentabilidad y la soberanía.
Al conmemorar el 83 aniversario de la expropiación petrolera, dijo que el eje de la transformación de México que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reside en que el interés general siempre estará por encima del particular.
En el acto realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, recordó un artículo que publicó el 23 de marzo de 1999 en este diario, con motivo del primer intento de privatizar la industria eléctrica en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el que la única garantía era la ganancia de las empresas extranjeras.
Ante el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, subrayó que “el periodo neoliberal dejó una cadena de reformas regresivas que terminaron por cambiar la Constitución en 2013 a favor de una política de privatizaciones que dejó un sistema energético nacional que no cumple con los objetivos económicos, ambientales, sociales ni de beneficio para la nación”.
Lo anterior, agregó, es contrario al espíritu que llevó a la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, sustentadas en el hecho de que las compañías privadas habían explotado los recursos para beneficio propio, por lo que el Estado debía garantizar una visión de servicio público.
Por eso, insistió, la política energética que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como eje cinco principios esenciales: soberanía, robustez frente a cambios externos, cobertura de las necesidades energéticas de la población, fortalecimiento de las reservas y disminución de impactos ambientales, incluido el cambio climático.
Destacó que su gobierno pone su “grano de arena” con proyectos como la creación de una planta de generación de biodiésel en la Central de Abasto a partir de aceite de cocina usado y la producción de carbón vegetal, por medio de la basura orgánica, entre otras, enmarcadas en el proyecto Ciudad Solar.
Más tarde, la mandataria participó de manera virtual en la reunión sobre implementación de objetivos y metas con relación al agua de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, en la que reconoció que muchos son los retos para garantizar el agua como un derecho en la Ciudad de México, como resolver el desigual acceso al líquido entre las alcaldías, la escasez en algunas zonas y la modernización de la red hidráulica donde por su antigüedad en algunos puntos se pierde hasta 50 por ciento en fugas.
Tras destacar que el objetivo de su administración es garantizar el acceso de este recurso a todos los habitantes de la ciudad, consideró que el agua no puede ser concebida como una mercancía, pues de hacerlo no podría llegar a quienes más la necesitan.
En otro tema, el Congreso local recibió dos iniciativas de la jefa de Gobierno para expedir nuevas leyes de salud y educación, armonizadas a la legislación federal y la Constitución Política capitalina.
La de salud incluye derechos como el acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos, voluntad anticipada y atención al consumo de sustancias sicoactivas; mientras la de educación, el derecho a uniformes y útiles escolares y la beca para estudiantes de educación media superior.
