La Sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló el formato para recibir mañana el testimonio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Ambos funcionarios fueron llamados a presentar información en el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en una audiencia que será presencial y pública, detalló ayer el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier.
“Tiene que ser una comparecencia presencial y estaremos pendientes de ello. Creo que la transparencia, el derecho a la información y el umbral que protege a algunos funcionarios se ve ampliado cuando existe el derecho de la ciudadanía a ser informada. Y ese derecho debe ser oportuno y expedito”, indicó ayer el también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Con eso, agregó, se abre un periodo de 15 días de “pruebas públicas” para que ambas partes presenten la documentación que consideren pertinente.
En tanto, la priísta Claudia Pastor Badilla –quien se incorporó a esta instancia la semana pasada, en sustitución de la diputada Anilú Ingram Vallines– expresó su desacuerdo en que la audiencia tenga carácter público, ya que consideró que la presentación de datos por parte de los funcionarios debe ser exclusivamente ante los integrantes de la Sección Instructora, y los resultados del proceso tienen que darse a conocer hasta que concluyan las diligencias.
“El principio de presunción de inocencia irradia a cualquier actuación que involucre la conducta o la posible implicación de algún delito. Esa es mi posición y, por lo tanto, pienso que no podemos dar a conocer información que pudiera vulnerar el propio procedimiento”, sostuvo.
Aunque dijo desconocer si la defensa del mandatario tamaulipeco ha presentado alguna inconformidad por el proceso, y tras subrayar que no le corresponde determinar cuáles acciones tomarán los abogados del panista, apuntó que “todas las defensas tienen a su alcance los medios extraordinarios, como es el juicio de amparo”. Si alguna de las partes estima que se está vulnerado su derecho a la defensa, “también tendrá que hacerlo valer” ante tribunales, o “ante quienes estime conveniente”, agregó.
