Si para el ministro Arturo Zaldívar lo que advierte la Constitución respecto a las razones por las que se puede perder la nacionalidad mexicana no resta libertad y autonomía a los jueces, estos juzgadores seguirán tomando decisiones que podrían ser contrarias al interés de los habitantes del país.

Esto porque el artículo 37 de la Carta Magna, en el que se especifica que uno de los motivos por los que se puede perder la nacionalidad es “ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero”.

Y es que en el litigio sobre la ley que trata el asunto de la industria eléctrica debe tomarse en cuenta que los abogados que han dado la cara por el juez González Fierro también han apoyado una ilegalidad, porque todos ellos saben a la perfección que los amparos no se otorgan con carácter general, sino sólo al quejoso.

Pero no nada más. La suspensión otorgada, según algunos abogados consultados, es inconstitucional e ilegal porque, como decíamos, la ley de amparo no permite la suspensión de su vigencia con efectos generales y validez en todo el país.

De la misma forma, al suspender la vigencia y validez de las normas recién aprobadas en todo el país, se arrogó facultades reservadas de manera excepcional a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma por ocho votos.

Y por si fuera poco, el juez de amparo ha puesto en riesgo el equilibrio de los tres poderes de la Unión, al sentar un precedente que permita a los jueces de distrito, sin fundamento constitucional o legal alguno, suspender con efectos generales la actividad y voluntad legislativa del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo federal, al atentar en contra de la división de poderes.

Y ni así, la Cámara de Diputados, que estaría directamente afectada por la decisión del juez, ha levantado la cara para señalar la ilegalidad de la medida. Seguramente atienden otros asuntos, pero este, el fallo del juez, no sólo los debilita frente al Poder Judicial, sino de hecho los hace desaparecer.

En pocas palabras: si la decisión queda tal cual, a partir de mañana quienes se sientan afectados por alguna ley promulgada por los diputados podrán acudir a un juez –Gómez Fierro es el especialista– para que la derogue, siempre que se trate de una firma poderosa y ¿española? y así no se vean afectados sus intereses.

Este pleito ha puesto al descubierto muchas cosas, además de lo legal, que parece no interesar al juzgador, nos hemos dado cuenta de que así como en algún momento de la historia reciente hubo una corriente del pensamiento, cuyo integrantes fueron calificados como los Chicago boys, para suavizar la otra manera de calificarlos y no decirles tecnócratas, hay otro que decidió irse a formar al país sede de la empresa Iberdrola: España.

Ese grupo, al que nos referimos primero, y al que los estudiosos han identificado como la corriente neoliberal que gobernó México por más de tres décadas, no provenía de una sola universidad en Estados Unidos, en este caso la de Chicago. Por ejemplo, una de las cabezas visibles de conjunto fue Miguel Mancera Aguayo, quien gobernó el Banco de México durante tres lustros y que tuvo como aliados al mismo Ernesto Zedillo y a Jaime Serra Puche, todos egresados de Yale.

Carlos Salinas y José Ángel Gurría pisaron Harvard, mientras José María Córdoba Montoya, Stanford. De la Universidad de Chicago salieron Herminio Blanco, Agustín Carstens y Francisco Gil Díaz, entre otros.

Ese fue el camino que escogieron los economistas, según los datos que hemos logrado recoger, los abogados decidieron ir a formarse más lejos, hasta España.

De pasadita

Háganos caso: la agencia BMW Cever San Antonio es un peligro muy alto para quien pretenda que ahí le arreglen su vehículo. Háganos caso y tenga cuidado.