Marginar a investigadores de universidades privadas del estímulo económico que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) “es discriminatorio y vulnera los derechos humanos”, señalaron opositores a las recientes reformas al reglamento de esa instancia.
Dichas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hace casi dos semanas. Ahora se encuentran en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para su consulta pública. En caso de que esta instancia dé su visto bueno, se publicarían en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Hasta ahora, esas reformas han recibido 259 comentarios en la Conamer y de manera paralela fueron criticadas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) –que agrupa a 112 casas de estudios privadas, entre ellas las más reconocidas del país, como la Ibero o el Tec de Monterrey– que amagó con posibles acciones jurídicas para revertirlas.
Las críticas se centran en los cambios que suprimen la entrega de apoyos económicos a científicos y tecnólogos de instancias privadas de investigación adscritos al SNI, los cuales sólo se otorgarían –de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria– a sus colegas de universidades o centros científicos públicos, que son la gran mayoría de miembros del sistema.
En los comentarios emitidos a la Conamer, los críticos consideran que la medida es “discriminatoria y viola derechos humanos como el principio de universalidad”; además, critican la medida porque no reconoce la aportación de los investigadores de las instituciones privadas al desarrollo científico y tecnológico nacional.
Agregan que negarles el acceso a los estímulos –que se otorgan desde 2014 a partir de un convenio formado por el entonces director del Conacyt, Enrique Cabrero–, “generaría un sesgo en la investigación, pues resultará más atractivo laborar en una institución pública que en una privada”.
Ante la Conamer también hay comentarios de apoyo y van en el sentido de que esos estímulos deben asumirlos las propias casas de estudio y centros de investigación privados y no por el Conacyt.
Quienes se pronuncian en esta línea advierten que actualmente prevalece “una enorme disparidad en los salarios que perciben los investigadores de universidades privadas con los de las públicas, e incluso al interior de las segundas hay diferencias”.
Por separado, el secretario general de la Fimpes, Rodrigo Guerra Botello, calificó las reformas como “discriminatorias”. En entrevista con La Jornada, no descartó la vía legal: “nos gustaría mucho más el diálogo que tener que recurrir a la parte jurídica, pero es una opción”.
Señaló que las instituciones particulares tienen mil 525 investigadores adscritos al SNI (4.6 por ciento del total), por lo que están dispuestas a continuar invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación una cantidad equiparable a la que reciben sus académicos a través de dichos estímulos.
