La cancillería mexicana llamó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a “conducirse de acuerdo con sus facultades, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, y no polarizando a la ya dividida organización”, después de que el político uruguayo expresó su preocupación por el arresto de Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia. En su cuenta de Twitter, Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), recordó que la secretaría general de la OEA “debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano”.
El exhorto de Guadarrama, respaldado por el canciller Marcelo Ebrard, constituye un fuerte llamado de atención ante el consuetudinario injerencismo de la actual dirigencia de la OEA. Como este diario ha reseñado puntualmente, en el mandato de Almagro este organismo regional se ha extralimitado en sus funciones, no para procurar soluciones positivas a los asuntos de sus miembros, sino para fortalecer a las derechas del continente, legitimar golpes de Estado, imponer la agenda de Washington en la región, emprender campañas de desestabilización contra gobiernos soberanos y descarrilar procesos democráticos.
Almagro suele hablar en nombre de la democracia, pero tal pretensión contrasta con la orientación de sus palabras y sus actos a alentar y fortalecer el aventurerismo antidemocrático de las derechas continentales, como ha quedado exhibido en el caso boliviano. En octubre pasado, el gobierno mexicano fue contundente al denunciar en la Asamblea General de la OEA que, durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019, la secretaría general de la organización “utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió”, proceso que a la postre generó una crisis social en ese país y derivó en el golpe de Estado que obligó a Evo Morales a dimitir para evitar un mayor derramamiento de sangre.
Como señaló entonces la representación mexicana, este proceder deslegitimó las misiones de observación electoral, “generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia y creó un entorno internacional de confrontación”.
Con esos antecedentes es claro que en tanto Almagro siga al frente de la OEA, el organismo panamericano continuará traicionando sus principios fundacionales explícitos y continuará atada al papel de instrumento de la política exterior estadunidense. Por ello, la remoción de este funcionario impresentable debería ser el primer paso a seguir para los gobiernos latinoamericanos comprometidos con la democracia y los principios de soberanía y autodeterminación.
Más allá de condenar las simas de sumisión a los dictados de Washington que han caracterizado a la gestión de Almagro, es necesario plantearse el cierre definitivo de un organismo que, por su origen y su estructura, resulta intrínsecamente estéril para cualquier propósito distinto a la promoción de los intereses estadunidenses y el golpeteo contra gobiernos soberanos. En este sentido, es urgente apostar por la reactivación de instancias regionales autónomas, como las creadas durante el ciclo de gobiernos progresistas de la década antepasada, de las cuales la mencionada Celac es un ejemplo central.
