Ejidatarios amuzgos de Xochis-tlahuaca, Guerrero, se oponen a la imposición de un proyecto presuntamente académico sobre “gestión sustentable de energía eléctrica”.

Avalado por diversas universidades y en camino de ser financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dicho programa fue rechazado abrumadoramente por los indígenas de esta localidad el pasado domingo.

El comité ejidal de aguas de Xochistlahuaca y un grupo de defensoras y defensores del territorio Ncue (donde viven los amuzgos, o Ñomndaa, en el extremo suroriental de Guerrero) informaron a La Jornada que el 14 de marzo se presentaron ante la asamblea ejidal el responsable del proyecto, José Maclovio Sautto Vallejo, y su equipo. Los ejidatarios los responzabilizaron “del conflicto comunitario” que suscitaron sus intentos de echar a andar a fuerzas el proyecto.

Los denunciantes criticaron “el diseño en el escritorio de académicos sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo” y expusieron la forma en que “los pueblos originarios han sido utilizados por la academia, el Estado y las empresas para instaurar proyectos extractivos y obtener fondos de financiamiento en beneficio de particulares”.

Además, a los académicos se les mencionó “su ética profesional y sus prácticas de investigación hacia los pueblos originarios, porque nos ignoran y violan nuestros derechos colectivos”.

El 18 de noviembre pasado se había presentado José Luis Valenzuela Lagarda, del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica de la Universidad Autónoma de Guerrero, ante los representantes agrarios de Xochistlahuaca para obtener su aval al proyecto Generación sustentable de energía eléctrica en los ríos Velero y San Juan para el desarrollo comunitario.

La convocatoria incluía la participación del Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande, el Instituto de Energía Renovable de la UNAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, así como el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco.

El académico hizo patente su desconocimiento “del contexto comunitario, la cultura y la lengua ñomndaa”. Ante el rechazo, consiguió una carta de intención de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez de Xochistlahuaca el 19 de noviembre. El 23 de febrero, la institución “avisó que se había preaprobado el proyecto”. Sorprendidos, los ejidatarios cuestionaron la imposición, pues no hubo “una consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada”.

El protocolo de investigación, argumentan, “tiene vacíos en cuanto a impactos ambientales y comunitarios, costos de operación, tiempo del proyecto, escalas, metodologías ambientales, presupuestos, destino, gestión y administración de la energía eléctrica generada”, además de que el nombre ni siquiera corresponde al del río de Xochistlahuaca, por lo que se sugirió a la universidad retirar su carta de intención.

El 28 de febrero los ejidatarios enviaron a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, el “acuerdo de no aceptación” al proyecto. El 5 de marzo, la universidad mandó una carta de retiro de intención.

No obstante, el 7 de marzo Ana Rosa García Angelmo, investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, se presentó “para conseguir de manera alevosa y mal intencionada la aceptación del proyecto”, a través de una minuta de reunión que obtuvo sólo tres firmas. A eso se sumaron los mensajes en WhatsApp de su equipo de trabajo, con el uso de “un lenguaje racista, discriminatorio, prejuicioso y ofensivo hacia la comunidad y los pueblos originarios en general”.