El impacto de la crisis sanitaria sobre los menores de 5 a 17 años impelidos al mundo del trabajo todavía no se cuantifica, pero sin duda será enorme por aquellos que se sumarán a los 2 millones registrados en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como mano de obra infantil en México, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la Encuesta nacional de trabajo infantil 2019, cuyos resultados ofreció el instituto en diciembre pasado, se concluye: “del trabajo infantil total, 2 millones de niños y niñas trabajan en ocupaciones no permitidas dentro de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales (SCN), es decir, participan en labores peligrosas o prohibidos por debajo de la edad mínima, de acuerdo con los convenios y recomendaciones internacionales y la legislación nacional”.
Según el Inegi, esta cifra representaba, en el año que se efectuó la encuesta, 7.1 por ciento de la población de 5 a 17 años y se puede descomponer en 6.2 por ciento (1.8 millones) que sólo realizan alguna ocupación no permitida y 0.9 (262 mil) que la combinan con los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
La OIT decretó 2021 como Año internacional para la erradicación del trabajo infantil, ante un fenómeno que, si bien ha disminuido 38 por ciento en la pasada década, aún afecta a 152 millones de niños en el mundo y “donde la pandemia por Covid-19 ha empeorado considerablemente la situación”, y ante lo cual apela a realizar una “acción conjunta y decisiva” a fin de revertirla.
La crisis sanitaria puede ser un detonante
Pedro Américo Furtado de Oliveira, representante para México de la OIT, consideró en entrevista con La Jornada que en el país existe un subregistro del trabajo infantil y no descarta un agravamiento del fenómeno a partir de la crisis sanitaria del año pasado.
“Si vemos el cierre de algunas actividades por el coronavirus en sectores como los servicios, el turismo, los alimentos, podemos considerar que ya se tenía un alto nivel de trabajo infantil, y además un crecimiento considerable de la informalidad por la pérdida de empleos. La probabilidad del aumento en el trabajo de menores de edad es enorme, pues el empleo no formal es una condición para su existencia.”
Hay temas del trabajo infantil ocultos, invisibles y no identificables a través del levantamiento de datos, y por eso puede afirmarse que hay una subcuantificación en los datos del Inegi y seguramente serán más elevados a partir del Covid-19, estima Furtado.
Originario de Brasil, el especialista llama a distinguir entre el trabajo infantil propiamente dicho, y aquel ubicado por él como “trabajo de chicos”, los que separa por una “línea tenue”. El primero se encuentra prohibido por los convenios internacionales y suscritos por México, mientras el segundo puede ser, por ejemplo, contribuir en las tareas familiares.
Así, para separar ambos, usa tres parámetros: “es trabajo infantil si la actividad afecta o pone en riesgo la salud e integridad física y moral del menor, si le impide estudiar o perjudica su rendimiento en clases y si le limita o lo aleja de la convivencia con sus pares”.
Para detectar, corregir y prevenir el fenómeno, admite que la red alrededor del trabajo infantil puede ser muy compleja, pues el Estado no puede exponer a los menores a una situación aún más vulnerable de la que ya viven.
“A veces acciones de buena voluntad, comprometidas y articuladas, pueden colocarlos en condición de mayor riesgo frente a la mínima, pero existente protección de su comunidad ante el rechazo o la discriminación.”
Indica que tales situaciones complican el diseño de políticas públicas sobre este tema. Primero debe identificarse dónde está el problema y armar programas donde se involucren los sectores sociales, públicos y hasta empresariales. “Esto, para coordinar una acción con la sociedad y las familias que piensan muchas veces que sus hijos los están ayudando, cuando en realidad están comprometiendo su desarrollo y perpetuando la pobreza”.
