El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, otorgó la semana pasada un amparo provisional a dos generadores privados de electricidad en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica recién aprobadas, medida cautelar que se extendió al conjunto de los productores particulares. El argumento central de tal fallo fue que las modificaciones referidas vulneran principios de libre competencia introducidos en la Constitución durante el periodo neoliberal y afectan el derecho a un medio ambiente saludable.
La determinación fue criticada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, que el pasado fin de semana envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, una carta en la que cuestionó la aplicación oficiosa del derecho de amparo a quienes no lo pidieron, así como la competencia de Gómez Fierro en el caso, y pidió que el Consejo de la Judicatura Federal, que también encabeza Zaldívar Lelo de Larrea, investigue la legalidad de la actuación de Gómez Fierro.
En su respuesta, el presidente del Poder Judicial ofreció a López Obrador remitir la queja contra Gómez Fierro “al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso proceda”, en el marco de la autonomía del Poder Judicial. Ambos documentos fueron hechos del dominio público.
Ciertamente, la pública inconformidad de López Obrador ante el amparo otorgado por Gómez Fierro planteó un conflicto entre poderes, una circunstancia que no es inusual en las prácticas democráticas, por más que en México tal situación resultara extremadamente rara: en el pasado las discordancias entre el Ejecutivo y el Judicial solían gestionarse en forma soterrada y fuera de la mirada de la sociedad y casi siempre se resolvían en favor del primero, mediante el tutelaje de facto que la Presidencia ejercía sobre los otros dos Poderes de la Unión, en el marco de lo que fue bautizado con cinismo como “facultades metaconstitucionales” del titular del Ejecutivo federal.
A la luz de esos antecedentes, el intercambio entre el mandatario y el ministro Zaldívar Lelo de Larrea es un hecho inédito por su transparencia y por la manera abierta de dirimir un asunto de evidente interés público. Tanto la carta de López Obrador como la del titular del Poder Judicial están redactadas en un tono respetuoso al estado de derecho y en ambas resalta la disposición a observar los mecanismos legales previstos para tales casos.
Todo indica que el litigio seguirá por los cauces legales previstos: por una parte, es previsible que el gobierno federal eleve el diferendo a una segunda instancia o al ámbito de la propia SCJN y, por el otro, corresponderá a la Judicatura Federal decidir si es procedente o no la petición presidencial de emprender una investigación sobre los actos de Gómez Fierro. Por lo pronto, el episodio sienta un precedente positivo de transparencia e institucionalidad en la relación entre ambos poderes.
