Rangún. Los homenajes se multiplicaron este martes en los funerales de decenas de manifestantes prodemocráticos asesinados en los últimos días en Myanmar, donde cientos de personas están desaparecidas desde el golpe de Estado, según la ONU.

Más de 180 civiles murieron desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero y detuvieron a Aung San Suu Kyi, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

El balance aumentó considerablemente en los últimos días y la junta parece más decidida que nunca a reprimir las protestas pese a las condenas internacionales.

El martes se celebraron algunas protestas dispersas pero con un número de manifestantes reducido ya que muchos birmanos temen salir a la calle.

Un joven manifestante murió en la ciudad de Kawlin (centro), "alcanzado por un disparo en el abdomen", dijo un socorrista a la AFP.

El domingo, cuando se registraron 74 muertos, fue el día más sangriento desde el golpe de Estado.

Este martes cientos de estudiantes de medicina participaron en Rangún en el funeral de uno de los fallecidos el domingo, Khant Nyar Hein, de 18 años.

Con batas blancas, hicieron el saludo de tres dedos frente a su féretro, en señal de resistencia, coreando "¡Nuestra revolución debe prevalecer!".

"Mi corazón está roto. Necesitamos democracia (…) necesitamos libertad. Ayúdanos", dijo su madre.

También se celebró un último adiós a varios manifestantes muertos en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún. "Paz a nuestros héroes" y "Que sus almas descansen en paz" fueron algunos de los mensajes publicados en las redes sociales.

Frente a la violencia, los habitantes de Hlaing Tharyar, decidieron huir el martes, amontonando sus pertenencias y mascotas en camiones, tuk-tuks o en vehículos de dos ruedas.

"Se podía ver gente en las carreteras, hasta donde alcanzaba la vista, huyendo hacia sus zonas de origen", indicó un medio local.

"Se fueron esta mañana temprano", confirmó un residente a la AFP. "No nos atrevemos a salir a la calle. Oímos disparos por la noche".

Las personas detenidas en los seis distritos de Rangún donde se impuso la ley marcial se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar y se enfrentan a una pena mínima de tres años de trabajos forzados.