Era todavía 2015, en los pasillos del edificio del Centro Histórico que aloja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se daba por cierto que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había despedido al abogado Javier Mijangos, quien formaba parte de su equipo de secretarios de estudios y cuenta. Sí, el mismo que ahora promueve el juicio de amparo en contra de las demandas que en materia de energía eléctrica ha defendido la Presidencia de la República.
El problema entre los dos abogados estuvo en la diferencia de criterios para presentar un proyecto de sentencia. Así que no, parece que no, los jueces no actúan con la autonomía que el ministro Zaldívar defiende, y menos aún con la imparcialidad que les obliga la ley.
Primero, no tiene caso citar todos los juicios que no parecen haber hecho justicia, serían incontables, pero en el asunto del fallo sobre la llamada reforma eléctrica las dudas abundan.
Vamos por partes: el despacho de abogados encargado del amparo que actúa en contra de la citada reforma es el que encabeza Javier Mijangos, licenciado por la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho, y maestro y doctor por dos escuelas ubicadas en Madrid, España. También es miembro del “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”.
Y no sólo eso. Si estamos de acuerdo en que en política no hay casualidades, sino causalidades, habría que señalar que Mijangos, de 2009 a 2015 fue secretario de estudios y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, como ya señalamos, lo corrió del trabajo.
Puede ser, no tenemos pruebas de que la relación Mijangos-José Ramón Cossio-Gómez Fierro-Madrid e Ibedrola (como la empresa española que saldría beneficiada con la suspensión de la Ley de Energía) sea tal cual la escribimos, y sólo nos centramos en advertir los datos comunes entre estos actores.
Entonces, la información que aparentemente nos podría advertir de un interés en común, en este caso defender los intereses de la empresa hispana y que nos ofrecería una causalidad, no contaría con los datos contundentes que así lo demostraran, y la cadena Mijangos-Cossio-Gómez Fierro-España-Ibedrola no sería mas que una casualidad.
De cualquier forma, la situación de la justicia en nuestro país, por desgracia, no tiene mucho que ver con la ley que aparentemente se construye con las fisuras suficientes para que la justicia no la acompañe.
Y es que lo legal no es suficiente cuando no es justo, aunque eso no parece importarles mucho a quienes esgrimen los conceptos de la ley para aplicar la injusticia, pero además la balanza de la ley se inclina, cada vez con más frecuencia, hacia los intereses privados, mientras la justicia ni siquiera la testerea.
La decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro –quien cursó la especialidad en derecho constitucional en Salamanca, España– es dudosamente legal porque al dar un amparo en lo general deja sin efecto una ley aprobada por el Congreso, es decir, la anula, lo que no está dentro de sus facultades y corresponde sólo al Congreso, en su caso, derogarla.
Se ha pedido, por todo esto y más, que se investigue al juez, aunque bailen zapateado los que han sido beneficiados con sus juicios, y también sus amigos, como el ministro en retiro Juan Ramón Cossio.
Así, lo que podría interpretarse como una red que ampara los intereses privados por sobre los del país, podría haberse creado alrededor del despacho Mijangos, desde donde se grita ¡Que viva España!
De pasadita
Tenga cuidado, las cosas a las que llamamos buenas a veces no lo son tanto. Un ejemplo de ineficiencia y desprecio por su clientela es la automotriz BMW, que puede retener una unidad hasta por dos meses en perjuicio de su dueño, sin poder detectar una falla y, menos aún, resolverla.
Así que tenga cuidado cuando vaya a comprar un vehículo de esa marca, son un desastre. Pregúntele a los clientes.
