El Senado aprobó, con 85 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, la reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Seguridad Privada. De este modo, se turnó a los congresos de los estados y al de la Ciudad de México para continuar con el proceso legislativo.

Se trata de una minuta que envió la Cámara de Diputados y que busca establecer en dicha ley las reglas y la autoridad facultada para regular a los prestadores de servicio de seguridad privada en el país, una de las reformas constitucionales que se aprobaron el pasado jueves.

Dispone, además, que la legislación general debe fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar dichos servicios y la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública.

Prevé la coordinación de esos prestadores de servicios (de seguridad privada) con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.

Las comisiones dictaminadoras determinaron la necesidad de homologar a nivel nacional, a través de la expedición de una ley general en la materia, los procedimientos a través de los cuales se llevará a cabo la coordinación, autorización, registro y supervisión de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de seguridad privada.

Con ello, se señala en el dictamen, se enfatiza el compromiso de respetar en todo momento en dicha legislación las facultades que al día de hoy tienen las entidades federativas en la materia; es decir, no será objetivo de la legislación el centralizar en la autoridad federal las autorizaciones y otros procesos que hoy se llevan a cabo a nivel local.

Justicia cívica

Otra de las reformas constitucionales aprobadas por la Cámara alta el pasado jueves es la de justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria, y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y se turnó a la Cámara de Diputados.