Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago -denominada popularmente como Dignidad por ser el epicentro de las protestas sociales en Chile-, la base y el entorno del monumento amaneció este lunes 15 cercada por columnas de hierro empotradas al piso y enrejado en planchas de metal, además de custodiada por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que a falta de un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y que sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan especialistas.

"El gobierno de Piñera ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como problemas de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

"La pregunta es como un gobierno y un presidente logra sostenerse con un 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines que acusan debilidad, e evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como una provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

Desde un tiempo a esta parte, se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del sábado 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanza gases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas.

Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, una barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "estaban los niños jugando a la pelota, realizando talleres de autodefensa, cuando cae carabineros y revienta todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), dijo a Radio Universidad de Chile que “este hecho refleja un aspecto que hemos detectado desde hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de protocolos y normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. Eso es lo que sucedió en Villa Francia, sobre la base de invocar incumplimientos de normas sanitarias la verdad es que, entre otras cosas, se ejerció una represión brutal e indiscriminada, y un uso excesivo de la fuerza”.

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de los entes persecutores como desde los tribunales de justicia respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social”.

El jurista consideró que “se van cumplimiento los requisitos y las exigencias que pone el derecho internacional, para recurrir a los órganos jurisdiccionales que tiene el sistema de protección internacional de los derechos humanos para lograr verdad y justicia en materia de violación a los derechos humanos”.