La existencia de 600 mil viviendas abandonadas en el país representa una “cicatriz social” de segregación.

Empero, antes de restaurarlas y darlas de nuevo al mercado “debe pensarse en una estrategia integral para recuperar los entornos urbanos desintegrados”, donde se ubica la mayoría de esas viviendas, establece el urbanista Bernd Pfannenstein.

A principios de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la existencia de numerosas casas en desuso en el territorio nacional, básicamente en unidades de interés social, carentes de funcionalidad, con mínimas condiciones de habitabilidad y muy alejadas de los centros de trabajo.

Frente a ello, el especialista y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro –y quien con la participación de estudiantes de la misma ha realizado el censo de viviendas en varias ciudades– propone elaborar una estrategia integral con la alianza del gobierno, la sociedad e incluso la iniciativa privada, para ir a la raíz del fenómeno y recuperar primero esos entornos urbanos.

Es necesario actuar así “porque los riesgos sociales se están sembrando en estas zonas de desintegración y afectando a toda la ciudad”, apunta Pfannenstein.

Sugiere partir de un plan de recuperación de los entornos, el tejido social y la funcionalidad de los asentamientos, y “dejar de pensar desde un escritorio para trabajar con la vecindad y con metodologías adecuadas con el fin de atender las necesidades” particulares de cada centro.

Con el trabajo de campo en ciudades como Torreón, Celaya y Tecate, Pfannenstein habla además de la proliferación de casas ocupadas por cinco o seis personas en espacios pequeños, con altas percepciones de inseguridad, complicados desplazamientos hacia los centros laborales, con escasa y mala infraestructura urbana y problemas de mantenimiento.

Tanto aquéllas como las casas abandonadas están básicamente en las periferias y en las ciudades dormitorio. Fueron producidas en masa y edificarlas así “en ningún modo significan tener una ciudad funcional”.

“Esas ‘cicatrices’ –apunta– dan cuenta de la importancia del rol social del suelo y si sólo se construyen, pero sin pensar dónde trabajan las personas, cómo se van a desplazar, dotarlas de servicios básicos y equipamientos, de espacios públicos, no se logrará un sistema urbano seguro ni funcional.”

Además, esas viviendas fueron adquiridas mediante hipotecas y sus dueños las dejaron por carecer de condiciones apropiadas. “Todos sabemos lo que puede pasar en un inmueble en desuso ubicado en el periurbano de las ciudades”, advierte Pfannenstein.

El urbanista plantea entonces: antes de repararlas, revenderlas y reintroducirlas al mercado se requiere haber dado un paso donde los tres niveles de gobierno enfaticen en la recuperación de los entornos urbanos y sólo después llevar gente a vivir en ellos.

Un plan de recuperación de esos espacios, un programa para reconstruir el tejido social y la funcionalidad urbana mediante estudios y diagnósticos desde los gobiernos locales y a partir de trabajo con las comunidades.

Para dimensionar el fenómeno, el urbanista señala el fraccionamiento Villas de Elguera, en Celaya. Con menos de 10 años de edificado, por la percepción de inseguridad, 25 por ciento de sus casas y departamentos están en desuso, vandalizados.

“Y estos ‘monumentos’ nos están diciendo que debemos cambiar el modelo porque además siguen construyéndose viviendas en espacios alejados, cerrados, cuando lo más importante es construir seguridad en el sentido de comunidad, vecindad, colectividad, con espacios públicos dirigidos al bien común”, concluye.